Tras las sanciones financieras que dispuso el Departamento de Estado de Estados Unidos contra el ex presidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por presunto soborno a legisladores, vínculos con terroristas y otros hechos de corrupción, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió este miércoles un comunicado en el cual exigieron esclarecer las responsabilidades del caso.
“Ante los hechos mencionados y denunciados y las medidas adoptadas por el Gobierno Americano en relación a personas del ámbito de la política y el sector económico nacional, solicitamos una vez más la participación activa e inmediata de las instituciones nacionales para dilucidar las responsabilidades”, expresó el gremio a través de las redes sociales.
Seguidamente, recordaron que la economía nacional como las instituciones públicas deben basarse en la “confianza y la integridad”.
Finalmente, manifestaron que los industriales siguen sosteniendo la postura que manifestó el ingeniero Enrique Duarte, titular de la UIP, durante el cierre del año 2022, con relación a la independencia que debe tener el Poder Judicial.
“Si deseamos desarrollarnos como nación, crecer sostenidamente, ampliar la capacidad industrial, consolidar nuestro mercado interno, intensificar nuestra vocación exportadora, debemos desalojar del Paraguay la incertidumbre, extirpar las corruptelas e instalar un modelo judicial independiente”, expresó el profesional en aquella ocasión.
Y añadió tajantemente: “El maridaje de la política con la Justicia adultera el sentido del derecho”.
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En aquella oportunidad, la UIP también se adhirió al pedido de la renuncia del ministro de la Corte Antonio Fretes, quien fue vinculado al extraditado Kassem Mohamad Hijazi. Además, el gremio exigió el cese de los privilegios, del prebendarismo y la lucha frontal al contrabando en el país.
El pasado 26 de enero, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras tanto a Cartes como a Velázquez, a quienes acusó de haber incurrido en acciones corruptas para mantener su poder, conseguir apoyo político, protegerse a sí mismos y a sus socios, evitar ser investigados y no ser delatados en sus actividades delictivas.
Asimismo, el país norteamericano aseguró que ambos referentes políticos tienen vinculaciones con el grupo terrorista Hezbollah, también sancionado por Estados Unidos.