Desde la nueva Constitución de 1992, Ulises Rolando Quintana Maldonado es el cuarto legislador en funciones que tiene prisión preventiva. Antes, hubo tres senadores que fueron recluidos tras la intentona golpista en el 2000. Es el primero en ir a prisión por supuesto vínculo con el narcotráfico.
Ayer, el diputado se presentó ante el juez de Garantías, Rubén Ayala Brun, quien tras escuchar a las partes decidió su reclusión, en la causa donde está procesado Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho.
Quintana dijo que el poder en Alto Paraná, de donde él es representante, lo ejerce “una familia de poder hace más de 15 años, del cual soy denunciante hace más de 10 años”, en clara alusión a los Zacarías Irún, el senador Javier y el diputado Justo.
Insistió señalando que su caso “se volvió una cuestión política” y que “la suplente que va a entrar en caso de que yo sea destituido (Rocío Abed de Zacarías) pertenece a la familia que detenta el poder y que maneja a la Policía Nacional de todo el Departamento de Alto Paraná, el Ministerio Público y los juzgados”.
El juez dispuso que el legislador vaya al penal militar de Viñas Cué, porque en la cárcel de Tacumbú ya no hay lugar, y en la Agrupación Especializada está el principal coprocesado del caso, Reinado Javier Cabaña Santacruz.
El único antecedente de prisión de parlamentarios durante su mandato legislativo es el de los senadores oviedistas Enrique González Quintana, Octavio Gómez y José Francisco Appleyard, tras la intentona golpista del 2000.
La audiencia se prolongó toda la mañana. Ya por la siesta, cerca de las 13.00, Quintana ingresó al penal militar, donde también se encuentra recluido el ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón.
La Cámara Baja deberá decidir qué hacer con Quintana. Puede quitarle la investidura u otorgarle un permiso y convocar a la suplente.
AL PALACIO. Un poco después de las 8.00 horas, el diputado Quintana se presentó con sus abogados Álvaro Arias y Derlis Martínez, por la puerta de atrás del Palacio de Justicia. Los policías le exhibieron la orden de detención y, tras una discusión, los uniformados accedieron a que subieran por el ascensor al Juzgado.
ASEDIADO. Ya en el cuarto piso, en el pasillo fue asediado por los periodistas. Así llegó al Juzgado. Ahí pidió al juez que la diligencia se hiciera en la sala de juicios orales. En ese sitio, además de las partes, estuvieron abogados y periodistas.
La defensa requirió las medidas alternativas a la prisión. Ofreció un inmueble valuado en 466 millones de guaraníes, a más de la fianza personal de los defensores.
Solicitaron al juez la exclusión de los cargos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y asociación criminal con fines de drogas, y que quedaran solo el tráfico de influencias y lavado de dinero, lo que le daría la posibilidad de obtener medidas alternativas.
La defensa sostuvo que en el relato no hay nada con respecto al narcotráfico. Sobre el enriquecimiento, alegó que hacía dos meses que el mismo es legislador y presentó la declaración jurada de bienes.
“Más allá de los deseos políticos, no existe nexo causal. Es un invento. Una falacia del Ministerio Público”, afirmó Arias. Dijo que la Fiscalía abusó del verbo “habría”, por lo que eran meras especulaciones.
FISCAL. El agente Ysaac Ferreira hizo una lectura de la imputación, donde señaló que hubo cinco comunicaciones más entre Ulises Quintana y Reinaldo Cabaña.
Habló de la liberación de los 190.000 dólares, a través de la intervención del diputado. Incluso, que le preguntó si la plata “era limpia o había que maquillar”.
Después, el juez Rubén Ayala Brun calificó los delitos de Quintana como pidió la Fiscalía, y decretó su prisión preventiva en Viñas Cué.
