El secretario de Estado, Antony Blinken, por medio de un tuit anunció esta nueva resolución, que agrega una tercera autoridad paraguaya comprometida con hechos de corrupción, pero impunes, a la lista que se abrió en diciembre de 2019 con Óscar González Daher y Javier Díaz Verón.
El primero, ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados procesado por tráfico de influencias y asociación criminal enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. El segundo, ex fiscal general del Estado, acusado de enriquecimiento ilícito.
La designación o declaración de “persona significativamente corrupta” implica retirarles las visas, prohibirles de por vida la entrada a territorio norteamericano, así como a sus familiares directos. En este caso, a la esposa de Quintana, Mirtha Beatriz Esperanza Fariña.
La decisión dada a conocer ayer se basa en una ley aprobada por el Congreso de los EEUU que le atribuye al Ejecutivo tomar acciones como la medida aplicada a los paraguayos. En el 2019 habían anunciado que tienen interés “en otros individuos” cuyos antecedentes se están procesando y que no solo están implicados en casos significativos de corrupción, sino muy notorios.
La disposición comunicada ayer por Blinken sobre Quintana, “debido a su participación en actos de corrupción significativos”, señala que durante su tiempo como diputado, “participó en actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el Estado de Derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos de Paraguay”. La designación se realiza bajo la Sección 7031 de la Ley de Apropiaciones 2021 del Departamento de Estado en Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, señala el documento.
Quintana es actual precandidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento Concordia Colorada, que surgió con la Operación Cicatriz (plan de unificación). Cuenta, por tanto con el respaldo del abdismo como del cartismo.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el diputado utilizó sus influencias para liberar una gran cantidad de dinero en efectivo que había sido incautado por agentes policiales en Nueva Londres y que pertenecía a Cucho Cabañas. Estuvo recluido por varios meses, pero recuperó su libertad en octubre del año pasado, gracias al Tribunal de Apelación Penal.