Peña explicó que el acuerdo generará por año USD 280,5 millones en ingresos por royalties, USD 650,9 millones para inversión social por año, USD 265,8 millones por cesión de energía y USD 53 millones en utilidades de capital y otros, lo que da un total de USD 1.250 millones.
El presidente también detalló en qué invertirá la plata: niñez (centros de promoción de salud, alimentación y educación); salud, con la construcción de tres hospitales en el interior; modernización de infraestructura vial; transporte público e infraestructura energética (transmisión y distribución). No dio más detalles.
En el acuerdo también se reafirmó la libre disponibilidad de la energía paraguaya para su venta al mercado brasileño desde enero del 2027.
Si bien el acuerdo se concretó el martes, el Gobierno paraguayo no quiso adelantar nada, a diferencia del de Brasil, cuyo negociador, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira de Oliveira, dio a conocer los detalles en Brasil. Recién el jueves, Peña confirmó las cifras a través de un video.
AGUAS TURBULENTAS. El acuerdo favorable con el Brasil es una victoria política para Peña y su equipo negociador. Así se vio en la primera foto del martes. El presidente Santiago Peña, Carlos Fernández Valdovinos (Economía), Lea Giménez (jefa de Gabinete), Rubén Ramírez (canciller) y Javier Giménez (Industria) posan sonrientes junto a los negociadores brasileños. La foto decía mucho: el ala técnica se alzaba con el trofeo.
Dos días después, el ala política exigió ocupar su sitio. Apenas el presidente oficializó los datos, tras la firma del acuerdo en el Consejo de Administración de Itaipú, hubo una conferencia de prensa para decir lo mismo, pero sin la presencia de Peña. Allí, el vicepresidente Pedro Alliana plantó la bandera colorada. Agradeció a Justo Zacarías, a quien confundió con el director de Yacyretá. Luego dedicó palabras al Partido Colorado por el apoyo al gobierno. Se colocó para la foto el asesor político presidencial, José Alberto Alderete, quien fue destituido tras el escándalo del acta secreta de Itaipú que puso al borde de la destitución al presidente Mario Abdo Benítez en el 2019.
En la gestión gubernativa siempre se da guerra entre técnicos y políticos. El gobierno de Peña no es la excepción. De hecho, el mismo presidente es de la cantera técnica y por ello, nada mejor con sus pares. Junto a Fernández Valdovinos y Lea Giménez forman una hermandad.
En los corrillos políticos hay malestar. En este contexto, la jefa de Gabinete es la más cuestionada porque tiene la llave para acceder a la oficina presidencial y señalan que es muy selectiva a la hora de permitir entrevistas a políticos, que siempre van con una carpeta de pedidos clientelares y negocios bajo el brazo.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO. Logrado el acuerdo, el mayor reto de este gobierno (suponiendo que quiere cuidar los fondos e invertirlos correctamente) es el blindaje para que Itaipú deje de ser la caja chica que solo beneficie a los políticos y a la oligarquía económica que depende de los negocios del Estado paraguayo.
De hecho, en las redes sociales, la gente hizo sentir su desconfianza y la sospecha de la corrupción se manifestó claramente. La imagen que proyecta Itaipú es la del privilegio para unos pocos.
En esta línea, gremios empresariales, al tiempo de elogiar el “acuerdo histórico”, reclamaron transparencia y uso correcto de los fondos de la binacional de manera eficiente, transparente y justa. Y que se encamine hacia un modelo industrializador.
Pero los políticos huelen el dinero como los tiburones la sangre. El miércoles, los diputados, en una rápida maniobra, sin debatir siquiera, otorgaron la orden nacional del mérito al titular de Itaipú, Justo Zacarías, y al brasileño Enio Verri por “haber coadyuvado en la integración y el desarrollo de la zona y de los habitantes de ambos países”. Allí no hubo reconocimiento al presidente de la República ni a los demás negociadores. La ecuación es simple: Zacarías Irún manejará discrecionalmente 650 millones de dólares anuales destinados a fondos sociales. Los pedidos personales de diputados, senadores, intendentes y gobernadores, pastores de todas las iglesias, comités de barrio... inundarán la entidad. Con sobrecostos escandalosos y débil control, será un festival de despilfarro. Por ello, urge que el Poder Ejecutivo blinde los recursos.
Peña tendrá en este asunto una de las batallas más ásperas con su partido y del resultado se sabrá cuáles son las reales intenciones, si hay discordancias más profundas entre el ala técnica y el ala política. Será una negociación más difícil que la librada con los brasileños.
EL FACTOR LULA. Aunque los colorados tienen tirria con todo lo que sea izquierda y simpatizan más con líderes autoritarios (como Bolsonaro), con este nuevo acuerdo, Luiz Inácio Lula da Silva deja una marca indeleble en las negociaciones de Itaipú a favor de Paraguay. En las dos ocasiones en que el país reclamó sus derechos, siendo presidente en el 2009, y nuevamente ahora en el 2024, apostó al progreso de su vecino más pequeño. En el gobierno de Lugo triplicó las compensaciones al Paraguay, lo que equivalía a USD 360 millones adicionales por año. Ahora, el aumento de los gastos sociales sería USD 200 millones más, haciendo las sumas y restas del complejo entramado administrativo.
Queda pendiente la renegociación del Anexo C, cuyo plazo es diciembre de este año, y la definición del blindaje de los fondos para evitar que se escurran por las caudalosas aguas de la hidroeléctrica, donde nadan los tiburones de siempre.
El rol de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y la dirigencia opositora honesta e insobornable serán claves en esta tarea de fiscalización y definición del rumbo de Itaipú para lograr el ansiado desarrollo nacional.
