Mañana, a las 08:00, se reunirán en el Palacio de Gobierno los invitados del presidente. Ellos son: el presidente del Congreso de la Nación, senador Basilio Núñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el presidente de la Corte Suprema, César Diesel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón; y el contralor general de la República, el compañero Camilo Benítez.
Los convocados son seis representantes de los poderes del Estado. Todos del mismo partido político y la mayoría de la misma facción de este partido, que, según dicen, toma decisiones en un quincho del barrio Santo Domingo de Asunción.
¿La pluralidad de voces de la democracia que tanto promociona Peña en sus viajes? Bien, gracias.
Pero aunque eso sea más que cuestionable, no es todo.
El discurso del día viernes continuó. “La corrupción no solamente es un problema que está dentro de la clase política, está dentro de la sociedad paraguaya, en el sector público, en el sector privado, en las organizaciones sociales, en los medios de comunicación. Y tenemos que luchar entre todos para que este país pueda salir adelante”, afirmó Peña.
Sin duda, la corrupción no se aloja en un solo sector, pero de más está decir que este escándalo surge a partir de la difusión de conversaciones privadas entre representantes electos, políticos y funcionarios de distintas áreas del Estado.
¿Será que el presidente quiere correr el foco de la discusión, de nuevo?
El mismo presidente que el año pasado denunciaba una supuesta persecución mediática bajo el término de “posverdad”, hoy vuelve a desviar el foco de la discusión. En lugar de centrarse en la corrupción expuesta dentro del Estado, prefiere señalarla en “la sociedad paraguaya”, con énfasis en las organizaciones sociales y los medios de comunicación. ¿Quién está realmente distorsionando la realidad?
En enero, el diputado cartista Rodrigo Gamarra afirmó en su cuenta de X: ”Es hora de que Paraguay tenga una ley de prensa!! Que proteja la verdadera libertad de expresión, a trabajadores de prensa y la ética periodística” (sic). La legislación que insinúa recuerda a la Ley 209, de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas, instaurada durante la dictadura de Alfredo Stroessner, utilizada como herramienta de persecución para opositores.
Los males y los vicios se curan denunciándolos, atacándolos, revelándolos cruda e implacablemente. El silencio, el mutismo y el secretismo absoluto solo pueden ser cómplices de la corrupción. Y ahí radica el verdadero papel de los medios: Revelar lo que otros quieren ocultar, porque el secretismo absoluto solo alimenta la impunidad.
En fin, la corrupción se combate con transparencia, no con discursos reciclados, acusaciones infundadas que desvían el tema ni reuniones entre amigos en el Palacio. Si de verdad quisieran limpiar la casa, empezarían por revisar las brasas del quincho donde se cocinan las decisiones.