A lo largo de los últimos 50 años, y quizá me quedo corto, el Estado paraguayo no ha sido visto como otra cosa que un botín a ser asaltado y repartido por un sistema clientelar que ha dejado de lado el interés mayoritario para responder a los intereses de unos pocos actores políticos.
Si hay dudas de que ese sistema sigue tan vigente, nada más repasemos lo ocurrido en las últimas semanas.
En medio de la crisis que se generó por la escalada continua del precio de los combustibles, lo que desató movilizaciones, cierres de rutas y desabastecimiento en todo el país, el Ministerio de Hacienda no tuvo mejor idea que repartir una gratificación extra a su plantel. La entidad que recauda y administra la mayor parte de los recursos públicos, y que repetidamente pide austeridad a las otras instituciones, liberó casi 1 millón de dólares para pagar a sus funcionarios un plus denominado ayuda escolar. Hay casos escandalosos en que algunas personas cobraron incluso más de 11 millones de guaraníes como premio.
Evidentemente, esto allanó el camino para que más entidades hagan lo mismo. Es así que, según publica ÚH hoy en su edición impresa, al menos otras 13 entidades siguieron el ejemplo de Hacienda y empezaron a repartir sobresueldos, gastando poco más de 3 millones de dólares en estos desembolsos.
Pero esto es solo la mitad de la película. La semana pasada, en la Cámara de Diputados se dio otra muestra de lo alejada que vive la mayoría de los parlamentarios de la realidad del país. Así, los diputados dieron media sanción al proyecto de ley que aumenta el salario a unos 800 actuarios judiciales, quienes de ganar la nada despreciable suma de entre G. 6,5 millones y G. 8 millones, pasarán a ganar más de G. 10,5 millones por mes. Si recordamos que son varios los miembros de esta cámara que tienen procesos judiciales en marcha o en puertas, el tufo a impunidad se huele a miles de kilómetros. Favor con favor se paga.
En el medio de todo esto, ya son varios los sindicatos públicos que reclaman un aumento, considerando la elevada inflación. Por ejemplo, el Sindicato de Funcionarios Profesionales de Hacienda reclama un reajuste del 38%, lo que equivale a la inflación registrada entre 2013 y 2022. Pedido similar hizo el Sindicato de Funcionarios de la SET.
El camino que tiene que atravesar el Tesoro Público, sin embargo, se torna harto complicado para este año, en contrapartida a la repartija de sobresueldos y a la aprobación de aumentos salariales. Después de soportar una retracción en 2019 y dos años de pandemia en 2020 y 2021, en este 2022 carga a cuestas la feroz sequía en el campo y el drama del combustible.
En lo que respecta a la crisis climática, se estima que solamente la producción de soja se verá afectada en un 50%, lo que ya está impactando en la recaudación por IVA y renta empresarial; mientras que el tema combustible estaría dejando un agujero fiscal en torno a los 80 millones de dólares, entre el subsidio a Petropar y la rebaja del impuesto selectivo a la importación, según las últimas proyecciones.
Las finanzas públicas paraguayas han venido deteriorándose en connivencia con la clase política de turno. Los altos salarios, los premios y los programas populistas no responden a políticas sostenibles ni duraderas en el mediano plazo, sino que responden más bien a un modelo que solo busca mantener los privilegios de unos pocos.
Mientras esa mirada clientelar y cortoplacista no tenga un freno, el dinero público seguirá dilapidándose en gastos que no tienen como fin precisamente mejorar la calidad de vida de la gente, sino todo lo contrario. Esta ha sido de una de las debilidades que la pandemia nos enseñó. La ferviente devoción a la historia pasada y la consecuente falta de adaptación a los tiempos actuales solamente terminarán agudizando las desigualdades, la pobreza y la exclusión social.
