Pero en la charla, se justificó después que si fuera buen juez y realmente aplicara la ley en todos los casos, debería anular varios de los procesos y liberar a muchos “peces gordos” por lo mal que se realizan las investigaciones fiscales.
Explicó que los jueces están atados de manos y pies por el Jurado de Enjuiciamiento, y que si él aplicara la ley, este órgano ni siquiera dudaría en suspenderle y destituirle por la presión mediática y de las redes sociales.
Espero que no se enoje por divulgar la conversación, ya que lo considero uno de los buenos magistrados. Pero, ante tamaña afirmación, lo único que podemos decir es que nuestra democracia está bastante mal, ya que un juez que no es libre no puede dictar sus fallos en forma justa.
Es que todo está concatenado. Si la Policía no cumple su labor, los fiscales tampoco pueden hacerlo bien. Si la investigación está mal, y se aplicara la ley, los jueces deberían anular los casos, pero no lo hacen porque existe presión de la Corte y del JEM, sin dejar de lado la prensa y las redes sociales.

Aunque no me gusta generalizar, porque no todos son así, pero lo que se ve es que muchos fiscales no hacen bien su trabajo, en parte porque saben que los jueces convalidarán cualquier cosa cuando la causa es mediática; en parte por desconocimiento y, vale decirlo, en parte por la corrupción.
Pero, por el mal trabajo que se nota en varios procesos (aclaro no en todos), habría impunidad, y como son los jueces los que tienen que decidir la cuestión, la culpa recae siempre en el Poder Judicial, y la gente se olvida del Ministerio Público.
Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacernos como sociedad es si queremos conseguir condenas a cualquier precio o vamos a ajustarnos a lo que dice la ley y respetar las garantías constitucionales.
Digo a cualquier precio porque en derecho lo ideal sería que es mejor tener a un culpable libre que a un inocente preso. Y es que la convalidación de cualquier cosa podría llevar a esto. A que un inocente tenga que ir preso. Y ya tenemos cada vez más ejemplos.
Se confirman condenas cuando el delito ya está prescripto hace rato porque el caso es mediático. Se rechazan nulidades de procedimientos que van en contra de los derechos procesales que tienen raigambre constitucional. Se desestima una causa por pedido de la Fiscalía General, y luego se solicita reabrirla, y cuando se rechaza el pedido, al final, dicen que la Justicia “blanquea”.
Pero no todo es culpa de la Fiscalía. En la mora hay responsabilidad compartida. No hay una investigación de un caso grande donde no se pida plazo extraordinario. Y en ese plazo extra que se solicita, se tienen que hacer cosas básicas que bien pudieron realizarse en seis meses.
Sin embargo, la mora también es de los jueces. No hay que olvidar que la justicia tardía no es justicia. Y como dije, es un todo, desde la inacción fiscal hasta la inhibición de los jueces por miedo al Jurado o a que la prensa y las redes sociales lo crucifiquen.
A veces en las instancias más altas –léase Corte Suprema– pasan años para definir un pedido de aclaratoria. Algo que debería ser resuelto de cajón. O para que un ministro estampe su firma en una resolución.
Lo que hay que tener en cuenta siempre es que en Derecho Penal existe una víctima de un hecho punible que espera justicia, y un acusado que está preso esperando lo mismo. De ahí que el proceso debe ser ágil y justo, para no hacer esperar a ninguno de ellos.
Así, tanto la Policía, la Fiscalía y los jueces harían un buen trabajo. Solo con libertad y sin presiones, este magistrado podrá decirle a su hijo que es un buen juez, porque imparte justicia sin mirar de quién se trata.