Italino Bonamigo es un brasiguayo de 84 años que hace 43 años que vive y trabaja en el país y ahora pide justicia para no perder las tierras que adquirió en 1980, donde actualmente se dedica a la actividad agrícola ganadera con sus hijos y sus respectivas familias.
En 1978 llegó al Paraguay con otros dos hermanos y comenzaron a trabajar en el rubro maderero en la propiedad de 3020 hectáreas.
Todo iba bien hasta que apareció un supuesto título inscrito en la Dirección de Registro Público en el año 2009, por lo que tuvo que solicitar un juicio de anulación de título a través de una acción judicial en Salto del Guairá
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Bonamigo logró ganar todas las instancias y la Justicia ordenó la nueva inscripción en la Dirección de Registro Público.
Sin embargo, a tres años de la orden judicial, la institución no cumple con la nueva inscripción de la finca.
El propietario teme que le arrebaten su propiedad, ya que denunció que existe una rosca que se dedica a la fabricación de títulos falsos y ahora el Registro Público no le quiere inscribir a pesar de la existencia de una orden judicial.
“Yo solo pido tranquilidad y que me dejen trabajar y también a mis hijos. Tengo todo en regla, no debo por impuestos”, indicó.
Bonamigo tributa en el Municipio de Ypéhu y relató que incluso intentaron pagar los impuestos de la propiedad con un título falso, pero que el intendente Emigdio Morel (PLRA) no les aceptó el pago “porque sabe que estas tierras no existen”, según señaló.
“No sé lo que pasa, por qué la Dirección del Registro Público no cumple con la orden judicial de inscribir nuevamente mi título, espero que eso se cumpla”, cuestionó.
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Bonamigo expresó que ama el Paraguay y sostuvo que siempre cumplió con las leyes, da trabajo a varias familias de la zona y que ayuda a indígenas de dos comunidades cercanas a su propiedad.
Por su parte, su abogado Antonio Bernal señaló que tuvieron que recurrir a la Justicia para demostrar que el título de propiedad de su cliente es legal.
“La Justicia anuló el título que presentó esta gente. Conseguir eso nos costó cinco años y ahora nos encontramos que el Registro no cumple con la orden judicial que ordena la reinscripción del título y la anulación del otro”, señaló el profesional.
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El jefe comunal Emigdio Morel dijo que un grupo de abogados llegó hasta la Municipalidad con el objetivo de pagar el impuesto inmobiliario con el título falso y bajo amenazas.
“Llegaron ellos y con amenazas quisieron que le cobremos, pero no lo hicimos porque sabemos que esas tierras no existen. Esta gente quería pagar para poder sacar préstamos o vender, estafar a alguien”, indicó.