El canciller nacional Eladio Loizaga intentó defenderse ayer de las acusaciones realizadas por su par de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sostuvo el viernes pasado que el ministro juega un “triste papel” en el Mercosur, acusándole de haber sido parte del Plan Cóndor, operación anticomunista ejecutada por varias dictaduras en Sudamérica entre las décadas de 1970 y 1980.
Ayer, al ser consultado sobre esa denuncia realizada por la venezolana, Loizaga sostuvo que no le respondería porque la aprecia “mucho”.
Sin embargo, intentó defenderse alegando que “cuando estaba (existía) el Plan Cóndor, creo que (yo) tenía 12 años”. El ministro nació un 17 de marzo de 1949.
Al parecer el canciller tuvo un desliz respecto a su edad, porque el periodo donde el Plan Cóndor tuvo auge fue en 1975, justamente cuando él ya tenía 26 años y estaba en la Cancillería como funcionario.
“Yo le aprecio mucho a ella (a Rodríguez). No le voy a dar respuesta. Las circunstancias la obligan a este tipo de situaciones. No me afecta para nada. Tengo la conciencia tranquila”, respondió ayer en la sede de Relaciones Exteriores.
“Ayer, funcionario del Plan Cóndor... Hoy, miembro de la Triple Alianza, reedita triste papel antisuramericano”, apuntó la canciller contra Loizaga.
informe. A esto se suma que según un documento de la Comisión Verdad y Justicia, el ministro inició su carrera en la dictadura como funcionario del servicio exterior en Relaciones Exteriores, para luego ser secretario privado del ex presidente Andrés Rodríguez.
Según algunos documentos de la Comisión de Verdad y Justicia, Loizaga fue uno de los promotores y colaboradores en la elaboración del acta preparatoria del XII Congreso Anticomunista Latinoamericano del año 1979, además de ser integrante de la Liga Anticomunista, conocida en inglés como World Anti-Communist League (WACL).
La Comisión de Verdad y Justicia se constituyó a partir de la petición de la sociedad civil al Parlamento Nacional –en particular de las asociaciones de víctimas de la dictadura y los organismos de DDHH–, cuando cayó la dictadura de Stroessner y se concretó con el acuerdo del Congreso y el Poder Ejecutivo.
En su búsqueda de establecer “verdad y justicia histórica”, se han hecho públicas estas denuncias.
