Como sociedad seguimos exigiendo el esclarecimiento del confuso procedimiento que terminó con el asesinato del diputado Lalo Gomes, sobre sus vínculos con lavado de dinero y narcotráfico, pero ahora se suman pruebas de corrupción, que involucran también a fiscales, jueces y al ya cuestionado diputado Orlando Arévalo.
El legislador había contratado a su yerno como asistente en el Congreso Nacional, una vieja práctica de nepotismo, pero además hay dudas sobre su título universitario, convirtiéndose en un Hernán Rivas más.
Este último se aferró hasta donde pudo a su cargo de representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano encargado de juzgar a jueces y fiscales, pero al cartismo le dio trabajo sostenerlo y decidió reemplazarlo por Arévalo.
De esta manera, el diputado fue al JEM, que, a su vez, está pasando por una crisis de credibilidad, debido a que su poder se traduce en extorsiones a los enjuiciados.
Los chats encontrados en el teléfono de Lalo Gomes muestran que además es posible el blanqueamiento de investigadores a cambio de sobornos, sin perjuicio de los favores políticos que las partes interesadas asumen al inicio de las negociaciones .
Cuando se hicieron públicos los mensajes entre Orlando Arévalo, Lalo Gomes, jueza y fiscales, reflotó el caso de su crecimiento económico en tiempo récord. Su patrimonio aumentó más de tres veces en seis años al sumar un total de G. 4.678 millones.
Ante la masiva indignación, la Contraloría había anunciado un “examen de correspondencia” para analizar el origen de la riqueza, pero sorpresivamente hasta ahora el trámite no ocurrió. Recién a partir del nuevo escándalo, la diligencia “coincidentemente” saldrá del cajón (o tal vez no), según la nueva promesa del contralor Camilo Benítez.
Los mensajes denunciados por el juez Osmar Legal involucran a las fiscalas Katia Uemura, Stella Mary Cano y a la jueza Sadi López, quienes recurrían a la intermediación de Lalo Gomes para salir absueltas en el JEM. En las conversaciones saltaron pagos de sumas de dinero hasta por más de G. 200 millones.
Ante las graves pruebas se esperaba como mínimo la renuncia de Orlando Arévalo, pero solo pidió permiso en el JEM para ausentarse por “tiempo indefinido” mientras “esclarezca su caso”. En otros términos, esto significa un enfriamiento del caso sin castigo para un amigo del poder que cobraba mensualmente casi G. 50 millones.
Pero en esta contienda más política que judicial es difícil ver inocentes.
El juez Osmar Legal fue quien autorizó el allanamiento a la vivienda de Lalo Gomes, un procedimiento que está bajo sospecha de quema de archivo y por este caso enfrenta un juicio en el JEM. Para salvarse está agotando todos los recursos que justifiquen su actuar.
Pero al igual que Arévalo, es señalado como aliado del cartismo. Anteriormente se desempeñaba como fiscal anticorrupción, cargo en el que le tocó abordar casos de contrabando de cigarrillos, lavado de dinero contra Horacio Cartes, investigaciones que nunca avanzaron bajo pobres pretextos.
Coincidentemente, a finales del 2023 fue ascendido a juez de Garantías especializado en Crimen Organizado, como propuesta de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, quien en 2022 se inhibió de designar un juez en el caso de pedido de auxilio para que Cartes comparezca mediante la fuerza pública ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero.
¿A quién bajará el cartismo el pulgar?
