A medida que corren los días, van saltando más particularidades dentro del operativo denominado Facturación 3.0, mediante el cual se desbarató un nuevo esquema de megaevasión que llegó a producir 3.740 facturas falsas entre 2018 y 2022.
Según las investigaciones llevadas adelante por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio Público, el mayor proveedor de los comprobantes apócrifos es en realidad un muerto (ver la infografía).
Las pesquisas dan cuenta que esta red usó el nombre y los datos de esta persona fallecida para emitir 879 facturas falsas, por la friolera suma de G. 17.830 millones (USD 2,5 millones al cambio actual).
El promedio que facturaba este contribuyente era de G. 20,2 millones, por operación.
El caso fue descubierto tras la denuncia hecha por una persona de la tercera edad. Este abuelito intentaba acceder a la pensión alimentaria que brinda el Estado, pero al solicitar el beneficio, se dio cuenta que figuraba como un gran contribuyente del Fisco, llegando a facturar cientos de millones de guaraníes.
LOS DETALLES. La SET y la Fiscalía realizaron este lunes ocho allanamientos en busca de desbaratar un nuevo esquema de megaevasión vinculado al uso de facturas falsas. Están implicadas empresas proveedoras del Estado, compañías operadoras del sector privado, estudios contables y firmas ligadas a auditorías.
Los intervinientes explicaron que esta red que proveía comprobantes apócrifos funcionaba en Asunción y en ciudades del Departamento Central. Se trata de 22 proveedores ficticios que habrían emitido 3.740 facturas falsas para justificar gastos en las declaraciones juradas presentadas al Fisco, lo que deriva en defraudación.
Este esquema facturó de forma irregular G. 110.909 millones (USD 16 millones). No obstante, los investigadores analizan nuevas facturas descubiertas en las últimas horas por otros G. 60.000 millones, por lo que el monto total podría trepar a los G. 170.909 millones.
Esta nueva red involucra a 473 contribuyentes, entre empresas y personas físicas.
Una de las compañías allanadas este lunes es la constructora Engineering SA, con decenas de proyectos adjudicados por el Estado. El vicepresidente de la firma, Juan Andrés Campos Cervera Arroyo, negó haber participado en el esquema de megaevasión y echó la culpa a una contratista que subcontrataron para obras menores.
La sanción administrativa para los involucrados puede ser de hasta el 300% del monto dejado de abonar al Fisco. Asimismo, en el ámbito penal, la Fiscalía sospecha del hecho punible de producción y uso de documentos no auténticos, con posible derivación en asociación criminal.
Fiscalía analiza papeles incautados
En contacto con la 1080 AM, el fiscal a cargo del caso, Francisco Cabrera, informó que ayer iniciaron el análisis de los documentos incautados el lunes en los allanamientos.
Señaló que otra de las particularidades que detectaron es que una gran mayoría de las facturas falsas fueron hechas con letras similares y prestaciones o contenidos casi idénticos.
Consultado sobre eventuales imputaciones a los involucrados, el agente aseguró que “en breve podría haber novedades”.
