Un hombre identificado como Diego Fernando Napoleón Gómez Silva fue ejecutado a tiros en el barrio Obrero de Ciudad del Este, frente a un local comercial, ubicado sobre la avenida Enfermeras del Chaco, inmediaciones del Mercado de Abasto Municipal.
La víctima estaba realizando compras en un establecimiento comercial donde se venden frutas y verduras, cuando dos personas a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y sin mediar palabras dispararon contra él.
Los primeros datos refieren que recibió seis impactos de bala entre la cabeza y el pecho.
El comisario Édgar Sanabria, jefe de Operaciones de la Dirección de Policía de Alto Paraná, informó que Gómez Silva tiene antecedentes por estafa, entre otros hechos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPor su parte, el fiscal Osvaldo Zaracho mencionó que, según los familiares, no se llevaron nada de la víctima. No descarta que se pueda tratar de un hecho de sicariato.
El agente del Ministerio Público ordenó que el cuerpo sea llevado a una funeraria a fin de que sea inspeccionado por el médico forense y el personal de Criminalística de la Policía Nacional, para verificar mejor las lesiones.
Imputado por caso de megaevasión
El 27 de abril del 2016 los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez y Martín Cabrera, imputaron a Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Para la Fiscalía, Gómez Silva era el presunto responsable de la creación de empresas de maletines; obtención y proporción de facturas presuntamente falsas, detectadas por un valor de G. 646.235.022.374.
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En el escrito de imputación los agentes anticorrupción señalaron que el 5 de febrero de ese año, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) formuló una denuncia ante la sede fiscal, en la que hace referencia a las discrepancias entre las ventas declaradas juradas en el IVA de 13 contribuyentes y las compras informadas por supuestos clientes.
La presunción inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldatorias de su crédito fiscal eran apócrifas. Luego, como producto de dicha investigación, detectaron 285 empresas que habrían utilizado las facturas de los 13 proveedores.
