La acusación es por la supuesta comisión de hechos punibles, entre los que se menciona lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos de contenido falso y por enriquecimiento ilícito.
En la documentación se indica que la denuncia se puede ampliar a todas aquellas personas que hayan participado en la comisión del hecho denunciado y que resulten responsables de la investigación.
Se hace un relatorio sobre los hechos, y como uno de los primeros puntos se hace hincapié en la tercerización irregular de las recaudaciones, que se deduce como desvío de los fondos públicos.
En ese contexto, se indica que en noviembre del 2018, se firmó un convenio de cooperación entre la ANNP (Administración Nacional de Navegación y Puertos), la Dirección Nacional de Aduanas, el Centro de Despachantes Aduaneros del Paraguay y la firma Sif América.
El acuerdo establecía la implementación del Sistema Integrado de Gestión Aduanera-Portuaria con el compromiso de facilitar el sistema y un mejor control.
Se remarca que en ninguna de sus cláusulas se menciona una contraprestación económica a Aduanas por la utilización de su Sistema Informático Sofía.
Se enfatiza que en otro contrato, Puertos firma un acuerdo con el Centro de Despachantes que estipula el pago de un dólar por cada liquidación de la tasa portuaria.
Se aclara que la firma Sif América no tiene registro de propiedad intelectual ni de marca sobre el sistema Sofía, y que solo participó de la firma del convenio para direccionar la licitación.
Como parte del relatorio, se agrega que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en un principio se opuso al proceso de licitación por vía de la excepción, y que en forma llamativa e inusual luego levantó la suspensión.
El contrato se firmó por un valor de G. 6.000 millones, con un anticipo de G. 2.850 millones que no correspondía.
Se indica que hubo una ampliación del convenio y se hace referencia a un anexo secreto de entrega de las recaudaciones mensuales a la empresa Sif América, a principios del año pasado.
Se estableció que Puertos le concederá a la firma un 10% de las recaudaciones, cuando se supere el monto de más de G. 7.745 millones.
más irregularidades. En la denuncia también se hace constancia de una serie de irregularidades que fueron detectadas por la Contraloría General de la República.
Entre algunas de ellas, se mencionan anticipos a contratistas otorgados en años anteriores, pendiente de regularización y saldos de cuentas a cobrar por servicios anteriores.
También figuran cuentas a pagar con otras empresas, y que Puertos no reveló en sus estados contables información sobre causas judiciales con la denominación pago de salarios caídos a funcionarios.
Se agrega que realizaron registraciones incorrectas de liquidaciones de ingresos correspondientes a la terminal portuaria de Ciudad del Este.
Además, durante el ejercicio 2018 no contó con procedimientos documentados para confirmar la validez y autenticidad de documentos y comprobantes presentados por los delegados administradores de las terminales portuarias del exterior, como rendición de cuentas por los gastos efectuados.
Santa Cruz agregó que hay pruebas de que se rinden cuentas con facturas falsificadas y clonadas que se elaboran en la central de Puertos.
