Hace más de seis meses el Gobierno negó la renovación de asistencia a las ollas populares que atendieron la necesidad alimentaria de las comunidades más vulnerables durante la pandemia, pero ahora se presenta otra oportunidad en el Congreso a través de un proyecto que, además de fortalecer los comedores, apoya a los centros comunitarios donde las pobladoras y pobladores se articulan para transformar su realidad.
Las ollas populares se habían activado de forma casi inmediata hace más de dos años cuando se declaró la pandemia del Covid-19 y cuando el Estado aún no tenía claro cómo administrar la crisis. En principio resistieron con donaciones para preparar las comidas para los vecinos y vecinas que quedaron sin trabajo como consecuencia del aislamiento obligatorio y por tanto el cese de varias actividades que generaban ingresos a la población más empobrecida. En los bañados, en su mayoría se dedican al trabajo informal, sector que sufrió en primera línea el impacto económico y que por tanto quedó sin medios de subsistencia.
Allí se presentaron las ollas populares como un mecanismo de sobrevivencia, ya teniendo la experiencia de estas articulaciones solidarias con cada inundación en los barrios ribereños. Las principales precursoras fueron mujeres, que se encargaron de organizar, coordinar, cocinar, distribuir y reclamar ante las instituciones uno de los derechos más básicos.
Al Estado no le quedó más que reconocer la calidad de gestión de estas organizaciones y para que siguieran activas en el momento más crítico aprobó la Ley 6603, por la cual las ollas populares recibieron insumos para la preparación de las comidas. Mediante la normativa, estos espacios pudieron sostenerse por varios meses, aún con inconvenientes respecto a la cantidad limitada de verduras y carnes que entregaban las instituciones.
Sin embargo, a mediados del 2021 los recursos ya se habían terminado, lo que impulsó la campaña para incorporar la asistencia a las ollas populares en la Ley de Consolidación Económica y Contención Social, pero la propuesta no prosperó en el propio Congreso y el sector fue excluido de la ayuda que sí recibieron los pequeños y medianos empresarios.
En simultáneo a los reclamos para atender el problema alimentario, que es un derecho humano, en medio de constantes subas de precios de la canasta básica, las organizaciones trabajaron en un proyecto de ley que apunta a la sostenibilidad de las ollas populares, pero además incorporaron otros aspectos relacionados a una atención integral de las comunidades en situación de vulnerabilidad.
La intención es mejorar las precarias condiciones en que funcionaban estos espacios que recibirán nuevamente insumos alimenticios perecederos y no perecederos, así como equipamiento y utensilios que muchas veces eran improvisados. Los comedores están dirigidos a niños y adolescentes, a jóvenes en situación de pobreza, a personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y comunidades indígenas.
En cuanto a los centros comunitarios, deberán recibir los equipos necesarios para brindar servicios en atención médica y sicológica, capacitación y formación con salida laboral, apoyo escolar, actividades artísticas, así como prevención de consumo de drogas y reinserción social. En estos centros operarán también comedores.
Su financiamiento estará contemplado en el Presupuesto General de la Nación y no podrá ser recortado. Otro detalle importante es que los recursos no podrán tener origen en créditos internacionales, entendiendo que la deuda pública actualmente es tan elevada que representa el 35% del PIB.
El proyecto está en el orden del día de la Cámara de Senadores y está firmado por varias bancadas. Se trata de una propuesta que, además de asistencia material, promueve la cohesión social necesaria para la toma de decisiones colectivas.
