La propia jueza Mesalina Fernández resaltó en su sentencia que quedó probada la preocupación que había en el medio de comunicación sobre las víctimas, que derivó en la creación de un grupo de contención en WhatsApp denominado Yo te creo, donde las trabajadoras se desahogaban y debatían acciones para exigir el cese de la violencia hacia las mujeres.
El gerente general, Marcelo Fleitas, habló de grandes perjuicios que le causaron el ser tratado como encubridor de acoso, pero no se probó que Angie lo haya acusado y menos aún el daño que tanto lamentaba. Al ser consultado por la magistrada por su situación actual, el empresario admitió que económicamente no está afectado y que además mantiene su mismo cargo, contrariamente a lo que está pasando la comunicadora desde hace un año y medio.
En ningún momento, la querella presentó argumentos mínimamente sólidos, evidenciando que el único objetivo fue desgastar y quebrar a Angie, tanto en lo económico como en lo emocional, teniendo en cuenta el alto costo que representa enfrentar un juicio y más al estar desempleada.
La soberbia y poder económico de los directivos de Canal 9 les hizo pensar que saldrían victoriosos, porque tal vez creían que el apoyo que tenía Angie de las colectividades de mujeres se iría desvaneciendo. En un sentido, pudieron haber tenido razón, porque no es fácil dedicar momentos de contención y apoyo en medio de sobrecargas de tareas laborales, domésticas y de cuidados que enfrentan diariamente las mujeres.
Sin embargo, Angie perseveró y además sumó el acompañamiento de más organizaciones, incluso de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
Todo está conectado. En mayo del 2022 surgieron las primeras denuncias de trabajadoras de Canal 9 en contra del entonces gerente, Carlos Granada, por acoso sexual. Las compañeras se fueron solidarizando en medio de reclamos de justicia para las víctimas, pero la empresa respondió con despidos injustificados y hostigamientos que presionaron a renuncias.
El Ministerio de Trabajo nada hizo para proteger los puestos laborales de las mujeres ni antes y después de abrirse el proceso penal contra Granada y ni siquiera para las trabajadoras que son testigos en la causa.
Canal 9, de la multinacional Albavisión, aprovechó para “disciplinar” a cualquier trabajadora que haya expresado alguna solidaridad con las seis víctimas que figuran en la carpeta fiscal, pero su operativo se dificultó cuando apuntaron a trabajadoras con estabilidad laboral, quienes por ley tienen una mayor protección y solo pueden ser desvinculadas mediante un proceso que justifique su salida.
La jugada de Marcelo Fleitas era demandar a Angie por injuria para utilizar su eventual condena como argumento para un despido justificado.
De hecho, ella quedó con el contrato de trabajo suspendido desde que empezó el proceso en su contra, pero a partir de esta sentencia podrá pelear para revertir su situación.
Durante el juicio salió a la luz un sumario administrativo por violencia laboral, en el que se resolvió el despido justificado de Carlos Granada, pero también una sanción para el gerente de Producción, Andy del Puerto, quien hasta ese momento no había sido mencionado públicamente.
Varias articulaciones acompañaron ayer el juicio con protestas frente al Poder Judicial. Las colectividades sostienen que esta persecución es injusta, pero además atenta contra toda mujer que pretenda denunciar hechos de violencia o apoyar siquiera a las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.
