Si a eso hay que sumar 297.759.867 dólares, la suma total supera los tres billones de guaraníes. Es demasiado dinero como para que uno pueda imaginarse su volumen. Tantos números no caben en una boleta de depósito bancario ni en una calculadora sencilla.
Son 464 millones de dólares. Para tener una idea, en 2009, tras el acuerdo Lugo-Lula, nos pusimos felices porque el Paraguay logró triplicar lo que recibía por compensación en Itaipú. Se trataba de solo 360 millones de dólares por año, 104 millones menos que lo producido por la usura luqueña.
Porque ese es el monto del embargo preventivo que ordenó el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, sobre los inmuebles del hijo, la esposa y la nuera de Ramón González Daher, quienes están acusados de colaborar en el ocultamiento del dinero proveniente del esquema de préstamos usurarios y cobro judicial compulsivo.
Este guarismo delirante es una estampa cruel de la época distópica en la que vivimos. Después de décadas de incontestada impunidad, al clan de dirigentes político-deportivos se le cayó la noche. Todo comenzó a pudrirse hace unos cinco años cuando aparecieron los famosos audios de Óscar y la FIFA apartó a Ramón de la dirigencia del fútbol paraguayo por falta de integridad. Aquí todos hablaban en voz baja de su fortuna proveniente de la usura más implacable, pero nadie se atrevió jamás a molestarlo.
A fines de 2021, en un fallo histórico, Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de cárcel por los delitos de usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa, y su hijo Fernando González Karjallo fue condenado a 5 años de prisión, por lavado de dinero. Ya entonces, se decretó el comiso de bienes de ambos por 47 millones de dólares. Aquella cantidad era sorprendente. Provenía de 156 casos de denuncias falsas por estafa presentadas en distintas unidades fiscales de Luque en contra de quienes caían en el apriete usurero.
Tan evidente era la complicidad de jueces, fiscales y políticos que la presidenta de aquel Tribunal de Sentencia, Claudia Criscioni, pidió unas inéditas disculpas por el daño que el propio sistema de Justicia había ocasionado a las víctimas. Solicitó, además, que se investigue a los funcionarios que dieron curso a esas denuncias fraudulentas. Esto se ha hecho con escaso entusiasmo y pobres consecuencias. La Fiscalía siguió ignorando lo obvio: investigar a los familiares cercanos y seguir la pista del lavado de esa enorme cantidad de dinero. De la Seprelad de entonces, ni hablemos, nunca vio nada.
Con tanta benevolencia, pese a estar en la cárcel, Ramón y su hijo Fernando siguieron operando, según múltiples denuncias. Nada menos que 471 cheques depositados en un Juzgado fueron robados, desaparecieron certificados de depósitos de ahorro (CDA) y “sorpresivamente” la esposa del condenado principal solicitó la disolución conyugal y la recuperación de varias cuentas bancarias.
Pero es evidente que el poder omnímodo de los González Daher se ha esfumado. Aparecieron nuevas imputaciones contra Ramón. Su abogada y promotora de las denuncias por estafa, Emma González Ramos, fue procesada. Y, peor aún, finalmente también fueron imputadas su esposa, Delcia Karjallo, y su nuera, Carolina González.
Fue en este último proceso en el que se dispuso el embargo preventivo de 464 millones de dólares. Esta montaña inconmensurable de dinero solo puede juntarse con complicidades múltiples. La cifra es tan ridículamente alta que, como señalé antes, constituye un retrato del estado moral de esta nación. Son muchos dígitos, pero lo que nunca hay que olvidar es que se acumularon a costa de familias rotas, casas pérdidas, empresas quebradas, divorcios y suicidios. ¿Qué precio se le pone al dolor de tanta gente?
