Desde la década de los años 90 las autoridades del Ministerio de Hacienda ensayan estrategias para mejorar el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se realizaron varias modificaciones e incorporación a fin de hacer un uso más racional y eficiente del dinero público, pero la influencia de los intereses político-partidarios en las Cámaras del Congreso echan por tierra gran parte del trabajo técnico presupuestario.
La elaboración del PGN demanda un tiempo importante en todo el año. Primeramente cada ministerio y entidades descentralizadas realizan el anteproyecto del Presupuesto, que luego es enviado al Ministerio de Hacienda para su consolidación. Esta Secretaría de Estado, tras los ajustes pertinentes, remite al Congreso para el 1 de setiembre.
A partir de esa fecha el tratamiento del Presupuesto queda en manos de los legisladores, en donde están representados distintos partidos políticos. Dentro de las organizaciones políticas están también los intereses regionales que son defendidos por los diputados departamentales. A esto se suman a veces hasta los intereses ideológicos de los legisladores que buscan favorecer a sus simpatizantes con algún beneficio presupuestario.
Dicho de otra manera, una vez que el Presupuesto llega al Congreso los parámetros técnicos son prácticamente superados por los intereses que defienden cada legislador.
De ahí surge la gran dificultad de contar con un presupuesto centrado en las necesidades prioritarias del país como asegurar buena atención en salud y educación. También se distorsionan fácilmente lo relacionado al presupuesto para los organismos encargados de la seguridad ciudadana.
A la hora de analizar el presupuesto para las inversiones públicas se inicia una verdadera pulseada por la asignación de recursos para distintas obras en los departamentos y municipios del país. En este punto cada legislador trata de llevar la mayor porción del presupuesto para la región al que pertenece.
En medio de estos intereses encontrados se estudia el Presupuesto en la Comisión Bicameral de Presupuesto, en donde se asignan los recursos de la mejor manera posible, pero con base en el criterio de los legisladores.
Como es de esperar, se priorizan los beneficios para los partidos políticos, como los aportes que debe realizar el Tesoro a estas organizaciones. Las cifras son siempre interesantes. Los legisladores también se asignan importantes sumas de dinero para la compra de combustibles (G. 3.500.000 mensuales), justificados porque gran parte de ellos viven en el interior del país y deben recorrer los municipios de sus departamentos, según dicen.
A más de eso, los parlamentarios aprobaron la creación de cargos públicos, más de 1.000 puestos laborales, que según los críticos son para dar trabajo a la clientela política.
Pero los parlamentarios quieren más que eso. Tal el caso que el articulado establece ciertas excepciones que les permite nombrar funcionarios sin necesidad de contar con la aprobación del Equipo Económico.
Durante el tratamiento del Presupuesto los parlamentarios también asignan aumentos o recategorizaciones salariales a ciertos privilegiados funcionarios, sin que estos hayan dado cumplimiento a los requisitos administrativos.
Así manejado el Presupuesto, una de las leyes más importantes para el desarrollo económico del país, es difícil pretender un uso racional y eficiente de los recursos estatales. Con tantos vicios en el manejo de los fondos públicos se incumplen muchos programas y el Estado finalmente termina pagando salarios, viáticos y gastos de consumo al solo efecto de mantener la pesada burocracia estatal.
Pese a los esfuerzos realizados se hace difícil la erradicación de los mismos errores que se cometen cada año. Si bien Hacienda dice que el PGN 2022 es manejable, habrá que ver a qué puerto nos lleva la reciente ley sancionada.
