23 nov. 2024

Un sueldito para la patrona y la princesita

Las autoridades del Congreso Nacional sorprenden cada día con nuevos argumentos inverosímiles para justificar las decisiones tomadas en lo que antes eran consideradas honorables cámaras. En las últimas semanas, la aparición de familiares de legisladores como funcionarios acaparó el comentario de la ciudadanía

Ya estábamos habituados a que los parientes de políticos y legisladores ocupen importantes y bien pagados cargos en las oficinas públicas y en el mejor de los casos en las binacionales.

Pero en los últimos días saltaron a la luz el nombramiento de hijos, hijas, esposas y otros parientes dentro mismo de la Cámara de Diputados. Dicho de otra manera, optaron por un puesto fácil de conseguir para sus familiares, pero con una buena remuneración.

De acuerdo con nuestras leyes, a nadie se le puede negar el derecho al trabajo y toda persona que está en condiciones de desarrollar una actividad económica puede hacerlo y el empleador está obligado a pagarle una remuneración.

Al mismo tiempo, existen leyes y principios sociales que regulan el trabajo tanto dentro del sector público como privado. Hasta hace pocos años no era aceptado el hecho de que parlamentarios lleven a sus familiares como sus funcionarios. Eso era calificado como nepotismo y no estaba permitido.

Lastimosamente, los principios y valores se fueron degradando a tal punto que hoy día los que ostentan un mínimo de poder hacen uso de sus influencias para beneficiar a sus familiares, pero siempre a costa del erario público.

Se entiende que los parlamentarios, sean diputados o senadores, provienen de familias medianamente pudientes, que tienen negocios, emprendimientos agroganaderos, se dedican al comercio o la industria. En otras palabras, no tienen una necesidad urgente de que sus hijos, esposas o demás parientes accedan a un puesto público para solventar sus gastos personales o familiares.

Pareciera ser que solo se trata de una obsesión por acceder a un puesto público de trabajo, con buena remuneración, seguramente pensando que con eso ganarían prestigio, estatus o que serían personas más dignas.

Sin embargo, la determinación de los legisladores generó un efecto contrario, es decir, sus familiares fueron expuestos al escarnio público, generó solo indignación en la ciudadanía y una profunda decepción hacia los legisladores.

Ocurre que el país tiene una fuerza de trabajo juvenil muy importante. Miles de jóvenes profesionales buscan cada día una oportunidad laboral, ya sea en el sector público o privado; pero, sin embargo, la respuesta más habitual es que no hay vacancia, no hay rubro, nos quedamos sin presupuesto, entre los argumentos más comunes. Con estas frases cada día cientos de jóvenes sienten que no hay oportunidad para ellos en el mercado laboral.

No obstante, cuando de hijos de políticos y más aún si de parlamentarios se trata, los puestos se crean, los rubros se consiguen, y siempre hay algún remanente presupuestario para pagarles el salario.

Actitudes como estas de los parlamentarios solo generan una profunda decepción de la ciudadanía. Y lo más triste es que los principales líderes ensayan todo tipo de argumentos para justificar la incorporación de familiares en los puestos públicos.

Pareciera ser que la clase política no sabe de otra fuente de ingreso que prenderse de la vaca lechera del Estado. Un Estado cada vez más endeudado, sin recursos para cubrir los gastos más urgentes en las escuelas, hospitales y otros centros asistenciales, pero prioriza salarios para la clase política. Este año cientos de profesionales contratados ya quedaron fuera de la planilla.

Es urgente un punto de inflexión en la conducta de la clase política para salvar la honorabilidad y dejar de desangrar al Estado que apenas cumple con sus funciones y responsabilidades básicas.

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