Se había expresado así luego de inspeccionar el cuerpo del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz, rescatado del río, poco tiempo después que la madre. Un caso, por cierto, muy triste.
Volvimos a escuchar ayer al doctor Alfaro, en una entrevista radial, pensando que su reclamo había servido para que las autoridades del Ministerio Público, del que depende la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se ocuparan de corregir la situación.
Pero, grande fue la sorpresa, al escuchar que el motivo del requerimiento en la prensa era porque la institución le inició un sumario al doctor “por faltas administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones”.
Al parecer, le cuestionan que en sus declaraciones ante la prensa, reclamando las pobres condiciones en las que se desenvuelven los forenses, aludió al riesgo que representa esto en una investigación fiscal que demanda que una autopsia o un dictamen de esta especialidad sea exhaustivo y certero. Lo cual tampoco es un pecado decir, si lo que se persigue es que la tarea que se les confía resulte óptima.
Es lamentable lo que describió el doctor Alfaro, hastiado al parecer, cuando le tocó intervenir en el caso mencionado y contar que a falta de una morgue, debió recurrir a una funeraria privada para examinar el cadáver del niño, sin contar con insumos básicos como guantes, tapabocas y trajes especiales. Y que esto esté ocurriendo en el Departamento de Alto Paraná, que tiene casi 850 mil habitantes. Si esto pasa allí, no nos imaginamos lo que debe ser en localidades con menos recursos y menos habitantes y la poca relevancia que estarían otorgando a la capacitación permanente de los profesionales del área. Con razón, la mayoría de los casos terminan derivándose a Asunción. La centralización continúa.
Alfaro dice que ya enviaron varias notas a las autoridades de la Fiscalía General para exponer las dificultades que atraviesan y en busca de respuestas a sus necesidades, pero no hubo retorno. Por lo tanto, no fue que recurrió directamente a la prensa sin haber agotado las vías institucionales. De hecho, al propio director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el doctor Pablo Lemir lo hemos escuchado en más de una ocasión señalar las necesidades del servicio que le toca dirigir, lo que nos sugiere la reflexión de qué médico querrá abrazar esta especialidad tan necesaria, pero no valorada en su real dimensión en el Paraguay.
Si el problema es presupuestario, no me explicó por qué los diputados regionales y los gobernadores no se mueven para bregar porque se otorgue mejor presupuesto al Ministerio Público, para áreas como estas.
Por otra parte, resulta tan gastada esta forma de reaccionar de algunas instituciones que, en lugar de enfocarse en la excelencia, intentan acallar y sancionar a los funcionarios que denuncian irregularidades, deficiencias, carencias o abusos de los derechos laborales, como también lo hizo el doctor Alfaro.
En vez de castigar al funcionario que, arriesgando su puesto, no se resigna a dejar que todo siga en la precariedad y lo denuncia, sería mucho más auspicioso y esperanzador que, en este caso, el Ministerio Público se ocupara de mejorar lo que está mal y anunciara algún proyecto para proporcionar las más modernas condiciones y equipamientos de última generación al cuerpo de forenses del país.
Después de todo, elevaría su prestigio con un cuadro de profesionales científicos de gran nivel que cuentan con todo lo necesario para ofrecer lo mejor de sí mismos, y que no tienen que estar pidiendo tapabocas o guantes a una funeraria para realizar su trabajo.
