La ley de jubilaciones de miembros del Parlamento, sancionada días atrás por el Congreso, avivó el debate sobre los privilegios de los cuales gozan nuestros representantes en las Cámaras de Diputados y de Senadores y Parlasur. “Jamás se puede comparar una situación de un parlamentario con una persona común”, aseveró el diputado Carlos Portillo y el furor en su contra –una vez más canalizada meramente a través de burlas y memes– se desató en las redes sociales.
Sin ánimo de contrariar al legislador esteño, comparar a un congresista con el resto de los paraguayos puede ayudarnos a entender en dónde estamos parados.
Los congresistas paraguayos probablemente cuentan con el mejor sistema de jubilación del país. Pueden jubilarse a los 55 años de edad y si solo integraron el Parlamento durante un periodo, pueden cobrar hasta el 30 por ciento de su salario como jubilación. La nueva ley pretende subsanar eso y establece como requerimiento haber ocupado el cargo de parlamentario por al menos dos periodos legislativos, para poder jubilarse con el 60 por ciento. Si bien la ley recorta un privilegio, aún es una bofetada para la ciudadanía.
El resto de los ciudadanos tienen que alcanzar los 60 años de edad para jubilarse y el porcentaje de paraguayos que llegan a retirarse es ínfimo. Un estudio realizado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) y difundido este año señala que el 84% de los adultos mayores en el país no tienen jubilación. En la práctica esto significa que dependen económicamente de sus familiares o quizás de alguna ayuda estatal y en el peor de los casos trabajan hasta el día de su muerte. Este último escenario es aún muy común en el Paraguay del siglo XXI, pero no parece preocupar demasiado a la clase política.
Como la jubilación no es suficiente, los legisladores también cuentan con un seguro médico privado. Solo este año, la Cámara Baja planea un gasto de 4 millones de dólares para el seguro médico y odontológico de los diputados y sus funcionarios. Por cada uno de ellos, el Estado paga mensualmente poco más de G. 1.300.000.
Mientras tanto, datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) señalan que el 74% de la población paraguaya no cuenta con ningún seguro médico, el 18% está asegurado en el Instituto de Previsión Social y solo el 7% tiene un seguro médico privado. Siete de cada diez paraguayos deben contentarse con los servicios de la salud pública, donde no rige precisamente la gratuidad.
Finalmente, la diferencia más marcada con el resto de los paraguayos: el salario. Hoy en día un legislador gana mensualmente más de G. 32 millones, además de otros beneficios. Ganan 16 veces más que un trabajador con sueldo mínimo y están entre los legisladores mejores pagados del continente. Sesionan una o dos veces a la semana y no sufren descuentos salariales por ausencias laborales.
Según datos de la Encuesta Continua de Empleo, solo 1 de cada 10 paraguayos económicamente activos gana más de tres sueldos mínimos al mes y otros 3 de los 10 ganan mensualmente menos de un salario mínimo.
El descaro de nuestros congresistas no tiene nombre y crece como un tumor galopante que se extiende sobre nuestras espaldas y nos encorva con su peso. Cada vez tenemos que producir más recursos para pagar más lujos a nuestros representantes. Claro que el diputado Portillo tiene razón. Están muy lejos de ser comunes, pero penden de un fino hilo: la indignación ciudadana.
