El tema dio la vuelta al mundo el pasado lunes, cuando un abultado grupo de mujeres con vendas negras en los ojos lo interpretó frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora todos los años el 25 de noviembre.
“El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves”, dice la primera estrofa de esta durísima performance compuesta por el colectivo interdisciplinario de mujeres Lastesis, originario de la ciudad costeña de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago de Chile.
Tras su difusión masiva, el colectivo convocó a mujeres de todo el mundo a replicar la coreografía este viernes en sus respectivas ciudades y las redes sociales se llenaron de videos con actuaciones en lugares tan remotos como Londres, Berlín, París, Barcelona, Santo Domingo, Ciudad de México, Bogotá y Nueva York.
En la capital chilena, se hicieron intervenciones en distintos puntos, como el Centro Gabriela Mistral o el mall Parque Arauco, aunque la más multitudinaria fue durante la tarde en Plaza Italia, la rotonda que se ha convertido en el epicentro del estallido social en el que está inmerso el país andino desde hace seis semanas y que es el más grave desde el retorno a la democracia en 1990.
“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, reza el estribillo de este tema que denuncia que las mujeres nunca son culpables de sufrir violencia machista y en el que también hay consignas como “el Estado opresor es un macho violador” o “el violador eres tú, son los pacos (policías), los jueces, el Estado, el presidente”.
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Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas solo en 2018 por razones de género en Latinoamérica, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo en la región.
La violencia sexual también está presente en las revueltas que sacuden Chile desde el 18 de octubre, que comenzaron en respuesta a la subida de la tarifa del metro y se convirtieron luego en un clamor contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.
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La crisis ya ha dejado al menos 23 muertos y miles de heridos, además de graves señalamientos contra el Ejército y la Policía chilena por violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas relacionadas con delitos sexuales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público e independiente, ha interpuesto hasta la fecha cuatro querellas por violación contra las fuerzas de seguridad y 75 denuncias por desnudamientos, amenazas y tocamientos.