En días recientes, Paraguay dio un nuevo paso en su camino hacia el fortalecimiento institucional con la sanción de la Ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”. Esta normativa, actualizada en colaboración con el sector privado, y diseñada para optimizar la implementación de proyectos de participación público-privada (PPP), ha generado un amplio debate sobre su alcance y propósito.
Sin embargo, más allá de las percepciones iniciales (muchas erradas), un análisis objetivo de esta iniciativa permite apreciar su enfoque estratégico: fortalecer la capacidad del Estado como promotor de desarrollo, facilitando procesos más ágiles y eficientes para atraer inversiones que contribuyan al progreso del país.
La ley sancionada no representa un cambio drástico en las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino que ajusta y reorganiza competencias previamente asignadas a la Secretaría Técnica de Planificación (STP), ahora integrada al MEF. Esto incluye la coordinación técnica y financiera de los proyectos de PPP, una función clave para asegurar que las inversiones respondan a las prioridades nacionales.
Un aspecto destacable es que la normativa elimina la posibilidad de que el MEF ejecute directamente proyectos de PPP, marcando un claro límite en sus atribuciones. Este ajuste no solo refuerza el papel del ministerio como supervisor técnico, sino que también incorpora mejores prácticas internacionales para garantizar decisiones basadas en análisis rigurosos y procesos transparentes.
La entrada en vigor de esta normativa coincide con un momento histórico para Paraguay: la reciente obtención del grado de inversión. Este logro posiciona al país como un destino atractivo para el capital extranjero, gracias a su estabilidad macroeconómica y fiscal. La ley sancionada busca maximizar los beneficios de este hito al crear un entorno más favorable para que el sector privado participe en proyectos de infraestructura esenciales.
En este contexto, la agilidad en la toma de decisiones se convierte en un factor crucial. La normativa establece un marco para que el MEF evalúe riesgos y elabore dictámenes técnicos vinculantes, asegurando que cada proyecto cumpla con criterios de viabilidad, sostenibilidad financiera y beneficio social.
Una de las inquietudes planteadas durante el debate público ha sido la supuesta exclusión del Congreso Nacional en el proceso de aprobación de los proyectos de la nueva versión de la legislación. Es importante aclarar que, bajo el marco anterior, el Poder Legislativo tampoco tenía un rol directo en estas decisiones. Los proyectos de PPP se diferencian de las concesiones tradicionales, reguladas por la Ley Nº 1618/2000, ya que se basan en acuerdos donde el riesgo es compartido entre los sectores público y privado.
Asimismo, la nueva ley sancionada fortalece los mecanismos de garantía para los proyectos, un aspecto que será detallado en la reglamentación posterior. Este enfoque, de remitirse a la reglamentación y muy común en legislaciones complejas, permite ajustar los procedimientos operativos a las particularidades de cada proyecto, sin comprometer la transparencia ni los controles establecidos.
Se debe recordar además que, con base en la experiencia internacional y en la dinámica propia de proyectos de infraestructura, la versión anterior de la ley ya consideraba la posibilidad de realizar modificaciones, unilaterales y de común acuerdo, sobre la versión inicial de los contratos firmados. Esto se había incluido considerando que, a partir de la ejecución de un proyecto, es habitual que se generen oportunidades de obras complementarias que ofrezcan beneficios económicos y sociales en su área de influencia.
Proyectos de PPP bien diseñados tienen un potencial probado para cerrar brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de la población. Un claro ejemplo es la ruta PY02, una de las más modernas y mejor mantenidas del país, que es utilizada a diario por empresas y familias paraguayas. Además, países con experiencia en este modelo han demostrado que, cuando existe una adecuada coordinación entre los sectores público y privado, los resultados pueden ser transformadores.
En el caso de Paraguay, esta iniciativa representa una oportunidad para desarrollar proyectos sostenibles que respondan a las necesidades de la población. Sin embargo, su éxito dependerá de una gestión interinstitucional eficiente y de la capacidad para atraer socios estratégicos que compartan la visión de desarrollo nacional.
La modernización del régimen para proyectos de PPP debe interpretarse como una herramienta para avanzar hacia un desarrollo integral, no como una medida aislada. El país enfrenta el desafío de transformar su potencial en logros tangibles, y esto requiere un marco normativo moderno y flexible, alineado con las exigencias de un mundo en constante cambio.
El debate generado por esta propuesta normativa es, sin duda, una señal de la madurez democrática de Paraguay. Las diferencias de opinión enriquecen el proceso y permiten ajustar los mecanismos para garantizar un equilibrio entre agilidad, transparencia y control. Con esta normativa, el Estado refuerza su rol como facilitador de oportunidades, sentando las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible.
En última instancia, la ley sancionada busca crear un entorno propicio para que Paraguay aproveche su posición estratégica en la región y fortalezca su infraestructura, un pilar esencial para el desarrollo. Estamos seguros de que el esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado será un motor de progreso y desarrollo que beneficiará a las futuras generaciones.
