Los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zuñiga y Cándida Fleitas, habían fijado el juicio oral para ayer por la tarde, desde las 14.00, pero no pudo iniciarse.
Ya el año pasado, la defensa de Camilo Soares había recurrido la fecha para el juicio oral, ya que se encontraba pendiente de resolución un recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal.
El Tribunal de Sentencia rechazó el recurso, debido a que no había ninguna resolución que suspendía la tramitación de la causa. No obstante, se dio trámite a la apelación.
El último día hábil del 2019, el expediente principal fue llevado al Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, pero habían algunos detalles formales en el expediente que debían ser corregidos.
Así, recién ayer lunes, llegó formalmente el expediente al Tribunal de Apelación.
Según informaron, los lunes se hace el sorteo para saber qué camarista estudiará el caso, pero el expediente no pudo entrar en el sorteo por la hora, con lo que quedaría para la próxima semana.
Con ello, por lo menos por ahora, no se podrá realizar el juicio oral a Soares, quien está acusado por presuntos hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
EL CASO. En la causa, conocida como de los “coquitos de oro”, se inició con la imputación fiscal de abril de 2010, por el supuesto perjuicio de G. 1.224.976.100, por supuesta sobrefacturación de las compras.
En ese entonces, Camilo Soares, era ministro de Emergencia Nacional y el coprocesado, Alfredo Guachiré, era el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
Según la acusación fiscal, durante la administración de Soares, entre el 15 de agosto del 2008 y el 23 de abril del 2010, se produjo una supuesta sobrefacturación de la citada suma en la compra de alimentos.
Estos iban a ser destinados a las familias afectadas por la sequía de los departamentos Ñeembucú, Concepción, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, que fueron declarados en emergencia.
Sin embargo, en abril de este año, se cumplen 10 años del proceso y la causa podría prescribir, teniendo en cuenta que el delito investigado tiene penas de hasta 5 años, y ya pasó el doble de la pena.
Una acción de inconstitucionalidad resuelta en mayo del año pasado había sido la principal causa por la que el expediente había quedado sin resolverse por tantos años.
El fallo de la Sala Constitucional admitió parcialmente la acción de Soares, con lo que se anuló el fallo del Tribunal de Apelación que declaró inadmisible una apelación contra el auto de apertura a juicio oral.
Propició renuncia de Mario Ferreiro
En los últimos meses, Camilo Soares había denunciado el plan de conseguir pruebas para desprestigiarlo, lo que derivó en el descubrimiento de un grupo de WhatsApp de quienes supuestamente hacían cobros ilegales en la Comuna de Asunción. Estas denuncias derivaron luego en la renuncia del entonces intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Como contraataque, el ex jefe comunal también lo denunció junto a Alfredo Guachiré por nada menos que nueve hechos punibles ante la fiscala general.