La semana pasada, se realizó la audiencia preliminar en uno de los casos emblemáticos que sigue arrastrando la Justicia: El fallido Metrobús que paró un año después de haber comenzado, y fue nuevamente retirado, dejando millonarias pérdidas, tanto para el Estado, como para comerciantes.
Los fiscales Natalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes llevaban un mes en la causa, en el primer día de la preliminar, ratificaron la acusación de la fiscala anterior, María Estefanía González, y pidieron juicio. Estaban seguros de que había elementos en la causa.
Lo llamativo es que, al día siguiente, cambiaron radicalmente su postura y pidieron el sobreseimiento provisional, por duda.
En 24 horas se cambió de parecer, alegando contradicciones en las dos pericias, ya que una determinaba un perjuicio patrimonial por G. 180.030 millones. En la otra, que no existía perjuicio patrimonial.
Finalmente, el juez decretó el sobreseimiento y el hecho causó revuelo, ya que se piensa mucho que el caso va camino al “oparei”.
Hay un segundo caso muy cuestionado. El martes, en la causa iniciada contra el ex presidente Mario Abdo Benítez y varios ex ministros, se presentó una “acusación ya cantada”, según las defensas.
Lo que pasó es que la investigación iba quedando sin fiscales. El único que estaba en la causa fue Guillermo Sanabria, quien iba a tener en su pulso el firmar el requerimiento. Algo no confirmado fueron las supuestas presiones que habría recibido para presentar el requerimiento conclusivo, pese a que no se hicieron todas las diligencias.
Al final, en medio de momentos de tensión, el fiscal Sanabria termina renunciando.
¿Un acto de valentía para no ceder a presiones o cuestiones personales? No sabemos. Lo que sí es real, es que rápidamente tomaron intervención otros dos fiscales antidrogas, quienes terminaron recusados, al igual que la adjunta y el fiscal general.
Horas después, terminaron firmando otros dos agentes incluidos raudamente en la causa. A uno de ellos lo trajeron desde Emboscada para que firmara la acusación, quien ya formó parte del caso el año pasado.
Y un tercer hecho que sumó críticas, es la forma en que desde el Gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial trataron los presuntos esquemas de corrupción que saltaron a luz a partir de los chats del diputado Eulalio Lalo Gomes, ya fallecido.
Los intercambios de mensajes, regalos, pedidos y hasta intervenciones en causas penales y nombramientos revelaron que ministros, comisarios, fiscales y jueces estuvieron implicados. No obstante, la intervención del Estado no fue la esperada.
En redes sociales hablaron de una “cumbre de humo”, luego de que se realizara la cumbre de poderes y el presidente de la República sacara un comunicado sin que esto se plasmara en acciones concretas, o por lo menos investigaciones internas que tranquilizaran a la ciudadanía que clama por confianza.
El último punto es el foco que se le puso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sobre su integración y funcionamiento.
Una entidad que tiene la importante labor de juzgar jueces, fiscales y defensores públicos, por lo que deben demostrar que verdaderamente es la ley la que prima y no la política.
“Hoy nadie tiene garantías sobre la Justicia. No tenemos inversión por falta de garantías jurídicas”, decía este gobernador a un medio nacional.
Hizo hincapié en que la Fiscalía perdió credibilidad y que “está muy sometida a un partido político el cual hoy está gobernando. Creo que tiene que haber una reforma judicial para tratar de recuperar otra vez la credibilidad”, sostuvo.
Todavía estamos a tiempo. No todo está perdido. La credibilidad es fundamental en la democracia.
