El presidente decidió convocar a una cumbre de poderes para mañana lunes, dos semanas después de que estallara una situación que –en cualquier otro país– haría tambalear al gobierno. Después de evadir –sin gracia y escasa diplomacia– el escándalo suscitado, tras el informe presentado por un juez, a partir de los datos extraídos del celular del fallecido diputado colorado Eulalio Lalo Gomes, Santiago Peña se reunirá con los titulares de los poderes Judicial y Legislativo. Esperamos resultados, y que de la reunión resulte algo más que una foto.
Este único hecho exigía, sin duda, reacciones más contundentes de parte de los titulares de los poderes del Estado. Lamentablemente, el silencio apenas fue roto con tibias explicaciones por parte del fiscal general y un argumento que se centró más en desacreditar al juez que presentó el explosivo informe.
La Corte Suprema de Justicia dispuso un sumario para dos juezas penales de Pedro Juan Caballero, Carmen Silva y Ana Aguirre, por estar involucradas en un presunto esquema de corrupción pública evidenciado en los chats; mientras que el titular del Ejecutivo, el presidente Santiago Peña, evadió el tema con poca gracia, mucha altanería y un par de poco afortunadas frases que ahora pasarán a formar parte del folclore político.
De la reunión que se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno se espera mucho, se espera sobre todo que las respuestas estén a la altura de los acontecimientos, y en la precisa medida del escándalo que está suponiendo la información que está contenida en el informe de un juez enviado a la Fiscalía.
La magnitud y el alcance de los temas desvelados en aquel informe del juez Legal no aceptan tibieza, evasiones y mucho menos bromas.
Eulalio Lalo Gomes fue abatido en agosto de 2024 durante el allanamiento de su residencia durante el operativo Pavo Real.
Gomes estaba imputado por lavado de dinero vinculado al narcotráfico y, de acuerdo con informaciones de medios brasileños, tenía supuestos vínculos con narcotraficantes del país vecino. Asimismo, era colaborador de Jarvis Chimenes Pavão, quien trabajaba con el Primer Comando Capital, y otros grupos criminales.
Entre las conversaciones del WhatsApp, halladas en el celular del fallecido diputado figuran –según el informe del juez– chats con el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura, Stella Mary Cano y la jueza de Pedro Juan Caballero, Sadi Estela López. En ellas se pide al diputado fallecido que interceda por las juezas cuando el diputado Arévalo integraba el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El ahora conocido como Lalo Gate también había revelado conversaciones entre Gomes y Marco Alcaraz, cuando este era fiscal adjunto de Narcotráfico, fue en el caso del narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, objetivo principal en el operativo Spectrum, nacido de la colaboración de Paraguay con Brasil. Así también, entre los chats aparecen conversaciones con Liliana Alcaraz, hermana de Marcos y actual ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a quien Gomes habría ayudado para que asuma al frente de la Asociación de Agentes Fiscales. El presidente Peña, quien ha hablado poco del tema, ha dado su respaldo a ambos funcionarios del Ejecutivo, dijo que “siguen gozando de su confianza” tanto Marco Alcaraz, actual ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia, como Liliana Alcaraz, ministra de Seprelad.
El país necesita respuestas. Resulta inaceptable que la magnitud de hechos que se describen en el informe de la pericia del celular de un diputado que estaba vinculado con el lavado de dinero y el narcotráfico quede en la nada. Quienes participan de la cumbre de poderes deben entender que están en juego la democracia y el Estado de derecho.
