Desde hace más de dos semanas el gran tema en el país ha sido el tsunami de información generada a partir de los mensajes hallados en el teléfono del diputado Eulalio Lalo Gomes. Quedaba claro para todos que las instituciones del Estado paraguayo se encuentran bajo ataque. Lamentablemente, la reacción del presidente resultó tardía e inútil. La promocionada cumbre de poderes no avanzó de simples enunciados, una foto entre autoridades y funcionarios y ninguna respuesta a la grave situación de corrupción denunciada.
Después de un largo silencio ante el escándalo desatado por los chats del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes con referentes de los tres poderes del Estado, en lo que se ve como un presunto esquema de corrupción. Finalmente, Peña hizo la convocatoria: “Para poder dialogar todos juntos y pensar juntos” sobre la problemática de la corrupción que afecta al país, puesta en evidencia con las conversaciones entre el diputado colorado Gomes y fiscalas, jueces y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Al finalizar el encuentro, Santiago Peña leyó un comunicado sobre la estrategia nacional contra la corrupción, un tema que ya había sido tratado en la anterior cumbre de poderes de 2023. En el documento detallaron los puntos acordados respecto a un presunto esquema de corrupción pública que salpica a los tres poderes del Estado.
Así, se condenan actos que supongan la desnaturalización, corrupción o direccionamiento indebido de los órganos constitucionales, y se asume el compromiso de reafirmar, dentro del marco de la independencia de poderes, que las instituciones funcionarán –cada una en su ámbito–, para que las denuncias sean esclarecidas. Asimismo, ratificaron el compromiso de que todos los poderes profundizarán la estrategia nacional de combate contra la corrupción aprobada en 2023 y, al mismo tiempo, se insta al respeto en la investigación penal.
Un punto positivo y a la vez contradictorio se da cuando hablan de “defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta absolutamente imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia”, pero minutos más tarde el mismo presidente no permitió preguntas de los periodistas presentes en la cobertura del encuentro.
Otro aspecto que destaca en la declaración leída por Peña es el llamado a la “clase política, sin distinción de banderillas, movimientos o partidos”, a colaborar con el gobierno para buscar soluciones en la lucha contra la corrupción, y evitar “la erupción de elementos mesiánicos que aprovechen coyunturas para socavar las instituciones democráticas”.
Pareciera haber olvidado el presidente que la cumbre de poderes reunió a autoridades casi en su mayoría afines al sector cartista del Partido Colorado.
Con pompa, Peña anuncia la instalación del Consejo Nacional Anticorrupción para los próximos días; no obstante, ya conocemos cuál fue el resultado de la anterior cumbre de poderes.
Esta crisis se inicia cuando el juez Osmar Legal presenta un informe al Ministerio Público sobre el contenido de conversaciones a partir de las cuales se presume que el diputado colorado Orlando Arévalo estaba implicado en un esquema de favores y blanqueo a jueces, fiscales y otros dentro del JEM. El escándalo ha salpicado asimismo a dos integrantes del gabinete de Peña, quien anuncia que se va a luchar contra la corrupción, pero en el mismo tono da su respaldo a dos de sus ministros, los hermanos Marco Alcaraz, ministro de Inteligencia, y Liliana Alcaraz, ministra de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).
La cumbre finalizó con un comunicado que nada comunica, ningún diálogo con la prensa y lamentablemente una foto de autoridades de un Gobierno que parece no ser consciente de la gravedad de la amenaza que se cierne sobre la democracia y el Estado de derecho.
