Creada en el 2013 como parte de un paquete de leyes que el presidente Horacio Cartes logró que el Congreso apruebe, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue la respuesta que la clase política dio al problema de los grupos armados que operan en el Norte del país, sobre todo en San Pedro y Concepción. Esta semana la Cámara de Senadores tratará un proyecto de ley que busca eliminar esta fuerza de militares y policías. A casi seis años de la ley que creó a la FTC, es importante discutir sobre lo que ha dejado esta determinada estrategia para combatir a los grupos que se dicen insurgentes y cometen secuestros, extorsiones y asesinatos.
Primero, es clave analizar qué tan efectiva fue esta fuerza conjunta en alcanzar sus objetivos. Acá la respuesta puede ser cuantificada: La violencia aumentó en el Norte desde su llegada. En las últimas dos décadas, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) cometió 66 asesinatos, de los cuales 42 se dieron en los últimos cinco años.
Las cifras de secuestros también advierten un aumento importante. Entre 2004 y 2013 este grupo secuestró a cuatro personas. En los últimos cinco años, el EPP y sus desprendimientos secuestraron a 12 personas, de las cuales tres terminaron muertas. Además, otros dos siguen en cautiverio: Edelio Morínigo y Félix Urbieta.
Si todo esto no es suficiente para afirmar que los grupos armados se fortalecieron en este periodo, hay otros dos hechos que apuntan a esto: En setiembre del 2017 se llegó al punto de que se desarrollaban al mismo tiempo cuatro secuestros en el Norte y además hoy en día la lucha ya no es solo contra el EPP, sino también contra el Ejército del Mariscal López (EML) y la Agrupación Campesina Armada (ACA). Así las cosas, resulta cuanto menos insuficiente el argumento de que la FTC evita que el EPP crezca más de lo que ya creció en los últimos años.
Por otro lado, la FTC estuvo envuelta en sospechas de corrupción y actuaciones arbitrarias desde su creación. Desde las decenas de denuncias que existen por supuestas torturas y detenciones ilegales a pobladores de la zona de influencia del EPP hasta casos como el del capitán Enrique Piñánez, cuya familia hasta hoy sostiene que él fue asesinado para evitar que denuncie la corrupción existente dentro de las fuerzas.
Apenas hace un mes la Fiscalía imputó a Ramón Benítez –quien fue comandante de la FTC durante casi un año– por liderar un esquema de coimas para proteger cargas de contrabando en todo el país. Este era el hombre a cargo de los militares y policías desplegados en el Norte del país con un millonario presupuesto.
Este es otro punto que urge discutir: Solo en lo que va de 2019 la fuerza conjunta costó al Estado más de un millón de dólares al mes. Su presupuesto anual es de casi 15 millones de dólares. Este es el primer año en el que la FTC cuenta con un subprograma propio dentro de los presupuestos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Antes no había esta discriminación por lo cual resulta muy difícil saber cuánto se gastó realmente en la FTC entre 2013 y 2018.
Hay bancadas del Congreso que repiten hasta el hartazgo que hay una necesidad de optimizar el gasto público. Esta es una oportunidad perfecta para pasar del discurso a la acción.
Por su parte, el Gobierno ya se pronunció a favor del mantenimiento de la FTC en el Norte e incluso solicitó más recursos para enfrentar al EPP. Al asumir el cargo de ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció que habría “cambios contundentes” en la fuerza de tarea. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuáles fueron esos cambios, si es que los hubo.
Es necesario debatir sobre las posibles medidas a utilizar para perseguir con efectividad a los grupos armados que matan y secuestran en el Norte del país. Lo concreto es que hasta ahora la estrategia utilizada en los últimos años solo permitió que la violencia aumente, en detrimento de los paraguayos más vulnerables.
