La jueza de Ejecución y Crimen Organizado, Sandra Silveira, denunció que fue amenazada a través de mensajes de texto, y que el celular desde el que se envió fue requisado en el penal de Tacumbú. Con ello, ayer, la Corte dispuso que tenga custodia policial y domiciliaria.
Además, el pleno del Máximo Tribunal también dispuso custodia personal para el juez de Garantías, Álvaro Justo Rojas, a pedido del titular de la Circunscripción del Amambay, Luis Alberto Benítez, debido a que el mismo tiene casos de crimen organizado.
Pese a que la jueza Silveira remitió la nota el 10 de junio, y Benítez el 7 de junio, recién en la sesión de ayer, 22 de junio, el pedido fue tratado por el pleno de la Corte.
La magistrada actualmente está con reposo médico. El día en que hizo la comunicación a la Corte, Silveira estuvo con su colega Mirko Valinotti en el penal de Tacumbú, para realizar un relevamiento de datos de los reclusos.
En el pleno, los ministros manifestaron su preocupación por el tema. El presidente Antonio Fretes apuntó que hay amenazas que se cumplen, con relación a la muerte del ex director de Tacumbú, Óscar Daniel González, que formaba parte del gabinete de la ministra Carolina Llanes.
Justamente la ministra explicó que mañana viernes tendrán una capacitación en forma telemática con todos los jueces, a nivel país, sobre la autoseguridad personal.
El ministro Víctor Ríos señaló que tienen previsto que en el presupuesto judicial del año próximo se tenga un rubro exclusivamente para la seguridad de los magistrados.
Al final, la Corte dispuso articular los mecanismos de seguridad con las instancias institucionales correspondientes con respecto a la jueza Silveira . También se remitió al Consejo de Superintendencia la solicitud de custodia efectuada por el juez Rojas.
SEGURIDAD. Por otro lado, el ministro de Justicia, Édgar Olmedo Silva, instruyó al director general de Establecimientos Penitenciarios para que se aumenten las medidas de control y seguridad en todos los penales del país.
Entre las medidas, están la mayor rigurosidad en el manejo de la seguridad perimetral, fortalecimiento del área de revisión del acceso de personas; llamado de lista e inspección de celdas de modo aleatorio, y requisas para incautar elementos prohibidos.
Recientemente, con un trabajo de inteligencia penitenciaria, se realizó una requisa en la Penitenciaría Regional de Misiones, específicamente en el Pabellón “B Baja”, donde incautaron armas blancas, bebidas alcohólicas y un celular, que habría sido utilizado para realizar una llamada de amenaza a una magistrada.
El equipo celular estaba en poder del interno Rodrigo Andrade de Moura, fue entregado al Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, para el análisis técnico correspondiente. Además, se comunicó del hecho a la jueza de Ejecución, Sandra Patricia Silveira.
El viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez Romero, se reunirá mañana en el Palacio de Justicia con los ministros de la Sala Penal de la Corte. Buscarán consensuar medidas con el fin de realizar trabajos preventivos en el interior de los establecimientos penales.
Además, el ministro Olmedo tuvo una reunión con el ministro del Interior, Federico González, para analizar alternativas para erradicar el uso de celulares por los presos.
Instan a reforzar independencia judicial
La Fiscalía publicó en sus redes sociales la declaración emitida ya el 30 de mayo pasado, por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que insta a reforzar la independencia judicial y la seguridad jurídica, además de velar por la estabilidad de fiscales, defensores y magistrados en el marco de diversas injerencias y/o intimidaciones o amenazas.
En la nota, la Federación reafirma que la independencia Judicial, principalmente es un derecho humano de la ciudadanía y garantía de que sus ruegos judiciales serán resueltos.
En el sexto punto piden a las autoridades competentes del Paraguay, velar por el correcto funcionamiento de la justicia. Tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema de Justicia, deben garantizar a los operadores de justicia.
Además instan a la revisión y ampliación de los protocolos y medidas de seguridad necesarios y suficientes, para que las personas administradoras de justicia como fiscales y fiscalas, desarrollen su trabajo de forma independiente y sin intimidaciones y sin temor por sus vidas o la de su familia.