Los tres jueces de Paraguarí que dejaron en libertad al violador de su hijastra de 7 años, son, lamentablemente, el rostro cada vez más común en el ámbito de la Justicia paraguaya. Su acto, condenable y condenado socialmente –ahora suspendidos e investigados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados–, abulta la larga lista de desatinos, abusos de poder e injusticias que se vienen perpetrando desde ese poder del Estado en los últimos 30 años de posdictadura política.
Analizando el contenido del fallo, los decires y argumentos de los leguleyos y su posterior actuación ante la reprobación y el repudio públicos, tenemos algunas claridades sobre sus parámetros y los niveles endebles y laxos con que “dictan justicia”.
Hugo Ríos, Gerardo Ruiz Díaz y Jorge Giménez Samaniego, son los jueces en cuestión. Cada quien con su trayectoria y acumulación de experiencia judicial, pero con una conducta de resultado profesional lamentable a juzgar por el último fallo.
¿Cómo es posible que habiendo hallado y comprobado todos los elementos tipificados como el delito que juzgaban, finalmente apliquen una pena inferior, suave y hasta elogiosa al violador?
Desde el momento en que ser una persona preparada, de buen hablar, con profesión y linda apariencia (mitã’i porã), se convierte en los atributos y argumentos de peso para valorar e impartir justicia, nos damos cuenta de que algo muy grave ocurre y que el sistema no solo tiene fallas, sino sectores importantes dejaron de funcionar, a no servir para equilibrar las relaciones en sociedad y a convertirse en enemigo de la gente cuya conducta no riñe con las leyes. Se transforma en un cuerpo colegiado que viola derechos, no da garantías a la sociedad y vulnera cualquier acto que asegure justicia.
En esta historia penosa y execrable no están solos los tres jueces de Paraguarí. También participa por acción y omisión la fiscala Yrides Ávila quien tomo con tal ligereza el crimen que pasó por alto procedimientos necesarios de ejecutar, amén del escaso tiempo que dedicó a la investigación. Obviamente todo esto lejos de atenuar, agrava todo lo obrado, tanto desde la representación del Ministerio Público como lo hecho por el Tribunal hoy investigado.
Mención aparte merece, en medio de este marasmo de pésima gestión judicial, las expresiones de los miembros del jurado. Un dechado de desprecio hacia la víctima, una procacidad digna del peor humano y un discurso soez que destila morbo y vejación. Establecer atenuante al violador, alegando que están probados los hechos –descritos con un lenguaje burdo y chambón– y concluir que “felizmente no...” hubo penetración, pinta de cuerpo entero a los sujetos que estaban dictando sentencia judicial. Teniendo en cuenta aquello que enseña la sociología, de que el discurso nos habla, uno puede hacerse idea de qué dice de estos magistrados con licencia sus palabras.
Con siete factores agravantes y dos hechos a favor, correspondía que fuera impuesta una pena agravada, sin embargo, el criterio del jurado fue atenuar no dar 12 o 6 años de prisión, sino 2 años a Venancio Gómez Barrios, quien hoy está libre porque la carga de la pena es excarcelable. La lógica no halla explicación y tampoco los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Como este, hay muchos casos de injusticia, de mala justicia y de a-justicia que se producen en toda la República, sin que lleguen a cobrar estado público. La población, hace mucho tiempo está indefensa ante esta suerte de sicariato judicial que viene asesinando toda posibilidad de justicia pronta y barata. En este caso, la corrupción no solo pasa por la venalidad económica, sino en acciones y omisiones por mediocre, imperita y chapucera.
Para estos tres jueces y fiscala corresponde la cancelación a seguir ejerciendo la profesión y a la sociedad a no naturalizar deleznables actos como el que nos ocupa.
