Otro importante cambio logrado por la presión ciudadana en este tiempo de crisis política, derivada de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus, fue que el Congreso apruebe la nueva Ley 6763, que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, y que el Poder Ejecutivo la haya promulgado finalmente en esta semana, tras varios años de resistencia a iniciativas similares, especialmente por sectores del Partido Colorado.
El nuevo instrumento legal establece que las binacionales sean auditadas por la Contraloría General de la República (CGR) dos veces al año y hasta dispone de la posibilidad de que sean dictadas órdenes de allanamientos en las sedes respectivas, en caso de que los documentos no sean presentados en el plazo establecido.
De este modo, aunque los sectores políticos ligados al partido de Gobierno seguramente le seguirán buscando la vuelta para no dejar escapar a la gallina de los huevos de oro, con este paso se ha consolidado una valiosa conquista ciudadana. Una conquista que va a permitir que se instale un proceso de mayor transparencia sobre el manejo de los grandes montos de dinero que se venían manejando, tanto para financiar campañas electorales, principalmente de ámbitos del coloradismo, como para enriquecer a través de licitaciones dirigidas o amañadas, o nombramientos de favor en altos cargos, a los amigos del poder, tal como lo han demostrado diversas denuncias e informes de investigación periodística a lo largo de los últimos años.
Hasta ahora, la indefendible excusa que se ofrecía para no abrir la gran caja negra de los políticos a la verificación de los organismos contralores era que las entidades binacionales se debían manejar de manera autónoma y cerrada, debido a que en su manejo está involucrado un país vecino (el Brasil, en el caso de Itaipú, y la Argentina, en el caso de Yacyretá) como socio propietario de las obras, instalando la peregrina idea de que ambas binacionales eran una especie de Estado aparte en medio de dos Estados, quedando de esta manera fuera del alcance de las leyes y de los sistemas de control institucional de cada país.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEsta versión, que incluso ha sido avalada durante mucho tiempo por el propio Poder Judicial, permitió que durante años gran parte del manejo del dinero vaya a los bolsillos de autoridades, correligionarios y amigos del poder. De esa manera, más de una vez, tanto Itaipú como Yacyretá cerraron las puertas a los intentos de ingreso de la Contraloría a verificar las cuentas.
Por ello, haber logrado que se apruebe esta nueva ley de control, que permitirá una mayor transparencia, como también haber logrado que una parte importante de los llamados “fondos sociales” de Itaipú y Yacyretá, en lugar de seguir financiando en forma disfrazada las campañas electorales de muchos candidatos del Partido Colorado, se destinen a reforzar la salud pública, constituye una conquista verdaderamente significativa, lograda mediante la presión ciudadana durante la pandemia, una situación que se debe mantener más allá de la actual crisis sanitaria.