En Paraguay, las autoridades implementaron numerosas medidas con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y buscar minimizar el frenazo económico a causa de la (necesaria) cuarentena. Las mismas han consumido la mayor parte del espacio de políticas que trabajosamente el país ha construido por más de una década. Desafortunadamente, pasar de la intención a la acción no es nada fácil. Con un Estado que es burocrático por naturaleza, esto se tradujo en excesivas demoras en la implementación de algunos planes.
Probablemente, a causa de estos retrasos es que la “generación” de ideas, para sugerir nuevas iniciativas, no se detuvo. Muchas de ellas muestran contundentemente que el paraguayo no solo es creativo para la música y el arte, sino igualmente para la economía. La diferencia es que las creaciones artísticas y musicales las disfrutamos casi todos, pero las ideas “audaces” generadas en economía las sufrimos todos (los de esta generación e, inclusive, de las siguientes). Me concentro en una de ellas: el uso de las reservas internacionales (RIN) del banco central para la constitución de un fondo de garantía para créditos a (grandes) empresas.
Pareciera ser que no queremos entender que las RIN del BCP no son sinónimo de (o iguales a) su patrimonio. El BCP no es “millonario” y mantiene esos enormes recursos ociosos. En realidad, las RIN representan una porción importante de su activo y están ahí como respaldo de sus pasivos: los encajes bancarios, los depósitos del fisco y, principalmente, los guaraníes circulando en el mercado. Sin activos valiosos que lo respalden, estos pasivos quedan sin valor alguno. Los guaraníes pasan a ser apenas pedazos de papel coloreados. Y todos conocemos cómo termina la novela cuando una moneda nacional carece del respaldo del oro o de una moneda fuerte.
Pareciera ser que no queremos leer la larga literatura existente sobre los problemas que tienen los bancos centrales para controlar la inflación cuando su patrimonio es reducido (o negativo). O recordar la extensa bibliografía que nos indica que un banco central no puede controlar efectivamente la inflación cuando sus activos son títulos (sean estos públicos o privados) de mala calidad o bajo valor. Por eso los gobiernos serios buscan capitalizar sus bancos centrales, inyectándoles recursos y no privándolos de ellos. Solo así la política monetaria puede ser efectiva.
Pareciera ser que no aprendemos de la historia, nuestra y de otros países. Dólar a 7.000 guaraníes en el 2002 cuando las RIN eran menos de 600 millones. Argentina y Venezuela quebrados luego que sus gobiernos hayan tenido la fantástica idea de financiar sus déficits o apoyar su “sector productivo” con reservas de sus bancos centrales. Pareciera ser que no se entiende que, por el contrario, la gran mayoría de los paraguayos hemos optado hace ya 15 años por un camino alternativo de políticas macro sensatas. ¡Claro que en ese lapso tuvimos crisis! Pero nos levantamos sin dejar de lado los principios macro que fueron la base de nuestro éxito.
Pareciera ser que en estos momentos difíciles queremos tirar todo por la borda e implementar recetas “novedosas” en nombre de la recuperación económica. El resultado final e inexorable de una aventura así será destruir el futuro sin siquiera arreglar el presente, excepto claro para unos pocos. ¿Como justificar el uso de casi 2.500 millones de dólares, que pertenecen a todos los paraguayos, para otorgar garantías a fin de que las (grandes) empresas accedan a créditos en “condiciones adecuadas”? ¿Como justificar la inflación futura que carcomerá el valor adquisitivo de esos pocos guaraníes que llegan a sectores vulnerables a través de Tekoporã y otros planes sociales?
¿Debería el Gobierno ofrecer garantías para créditos a empresas? Algunos países en la región (Chile, Perú, Colombia) lo están haciendo en esta coyuntura. Pero el foco de estas iniciativas es asegurar los créditos a las mipymes, que son las empresas que generalmente tienen problemas para presentar garantías razonables. Las grandes empresas quedan fuera. Es usual requerir que las compañías que acceden al préstamo garantizado no puedan repartir utilidades ni retirar capital hasta el pago total del crédito. En estos esquemas el financiamiento se hace a través del Tesoro y los montos comprometidos son mucho menores a la “propuesta paraguaya” en términos del PIB o de la deuda pública.
En Paraguay, la Ley de Emergencia Financiera destinó importantes recursos para fortalecer el fondo de garantía y constituir un fideicomiso de ayuda a las mipymes. Precisamos agilizar los desembolsos. Si la AFD se muestra lenta, las autoridades tienen la responsabilidad de hacer que el mecanismo funcione adecuadamente. En cuanto a las grandes empresas, las mismas aún no están incluidas. Pero es financieramente imposible diseñar un esquema sostenible de garantías por 2.500 millones de dólares para este tipo de empresas. Los costos fiscales serían enormes e imposibles de pagar en el mediano plazo. Coincido en la opinión de Alberto Acosta, que la solución para ellas tiene que venir de los accionistas que “deberían primero aportar capital o buscar socios que lo hagan, y solo después pedir apoyos que serán pagados por toda la ciudadanía o por miles de ahorristas”.
Un detalle importante, debemos de una vez por todas reconocer que esta crisis va a ser costosa para cada uno de nosotros y que es imposible que alguien salga “ileso”. La pérdida esperada de producción e ingresos (estimada en miles de millones de dólares) no puede ser compensada totalmente con fondos del Gobierno. Su capacidad de endeudamiento es acotada. Las necesidades en este momento son infinitas, los recursos escasos y limitados. Hay que priorizar los fondos que se tienen y obtienen. Será interesante ver los argumentos del Gobierno cuando utilice 2.500 millones de dólares en un fondo de garantía para (grandes) empresas, pero destina solo 300 millones de dólares para el Fondo Social que protege a sectores más vulnerables.
De mi parte, no gracias al ofrecimiento. “Una coyuntura excepcional justifica medidas excepcionales”. Cierto, pero hay un mínimo de reglas o criterios que deben respetarse en toda circunstancia. En el 2012 el gobierno Lugo intentó utilizar las RIN en su plan anticrisis (diseñado por su entonces jefe de gabinete) para fondear, a través de la AFD, inversiones privadas a largo plazo. ¡Que parecido! Primó entonces la cordura y fue rechazado. ¿Por qué tendría que ser diferente esta vez? ¿Será porque aquella vez era un gobierno de izquierda y ahora es uno de derecha? Argumento insuficiente. La propuesta, en definitiva, no pasa de ser una (muy) mala idea.