Si Mario Abdo Benítez quiere dejar un legado perdurable y que dé lustre democrático a su apellido, tiene que tomar como obligación moral de su gobierno alcanzar la independencia real y efectiva de la Justicia.
El sometimiento del aparato judicial a las decisiones e intereses políticos –muchos de ellos espúreos y sectarios– es vergonzoso y alarmante.
El escándalo de las escuchas telefónicas sobre los manejos cuasimafiosos del senador electo Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la designación por parte del presidente Horacio Cartes de la ministra de la Corte Alicia Pucheta como su virtual sustituta, después de expedirse a su favor en casos emblemáticos como la enmienda y la candidatura al Senado, son apenas dos muestras conocidas –quizás, apenas la punta del iceberg– de cómo la administración de justicia y los intereses políticos cohabitan vilmente.
No solamente están juntos y revueltos. La simbiosis entre los intereses ilegítimos y no institucionales de ambos estamentos forma una trama sólida. Por ello se necesita de una verdadera y férrea intención político-institucional para desmadejarla.
La democracia se basa en la credibilidad de sus instituciones. Y la sobrevivencia a los eventuales fracasos del sistema está íntimamente relacionada con la fortaleza de las mismas. Las estructuras autoritarias requieren únicamente de represión y cierto carisma –sectario y muchas veces falseado– para su mantenimiento en el tiempo. El autoritarismo es más personalista. La democracia, más institucional. El primero muere dentro de su propia lógica perversa individual. La segunda solamente es tan fuerte como la más débil de sus instituciones.
Abdo Benítez prometió mediante sus voceros barrer con la Corte. Luego morigeró sus palabras y habló de cambiar parcialmente el cuerpo. También está sobre el tapete la intención de reformar el JEM, para que deje de funcionar como Gestapo judicial.
Estos son dos puntos vitales, pero insuficientes. Hacer un mero cambio de nombres en el máximo tribunal de la República es estéril. Reformar el JEM sin instaurar una ética de funcionamiento distinta a la actual es también una pérdida de tiempo.
El cruce de intereses entre los jueces y los políticos siempre fue vidrioso. Mirando el caso brasileño –que de una mera pesquisa de coima saltaron a la mayor investigación de corrupción política de ese país–, muchos políticos locales están temerosos de impulsar cambios drásticos. Pero la democracia los necesita.
