Ni bien terminada la terna para el cargo de defensor general, el Consejo de la Magistratura tuvo que abocarse a continuar el concurso por la nueva vacancia en la Corte Suprema de Justicia. De octubre del año pasado a esta parte juraron tres nuevos ministros de la máxima instancia judicial y todo apunta a que en menos de un año se deberán llenar otras tres próximas vacancias.
De esta manera, durante el gobierno de Mario Abdo se renovará por lo menos casi un setenta por ciento de la Corte. La renovación se dará, en la mayoría de los casos, por la jubilación de los ministros salientes, tras llegar a los 75 años de edad. Lo que se dice un golpe de suerte para cualquier presidente: La chance de refrescar la Justicia, sin el desgaste de un masivo juicio político como lo hizo Nicanor Duarte Frutos.
La llegada de nuevos ministros a la máxima instancia ya dio señales positivas en el Poder Judicial. Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón tuvieron que plantarse ante sus pares y advertir que no participarían en las sesiones plenarias que no sean transmitidas al público en vivo. Que las sesiones sean públicas no es un detalle menor, ya que en estas reuniones es donde se definen políticas y lineamientos que afectan a todo el sistema judicial.
Quizás la mayor falencia de nuestra Justicia es su sometimiento al poder político. Esto se traduce en jueces recibiendo llamadas y otorgando favores a políticos –como se evidenció en los audios de las llamadas de funcionarios y miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados– y en fallos complacientes de las más altas esferas judiciales.
La falta de independencia del Poder Judicial está en la raíz de otros problemas endémicos de este país, como la corrupción y la impunidad. El actual periodo parlamentario se inició con once parlamentarios procesados por presuntos hechos de corrupción y ni uno de estos casos llegó a un punto final.
A la par, hoy en día hay tres ex ministros de la Corte imputados por diversos delitos. La imagen que dejaron ante la ciudadanía es la de un Poder Judicial obediente al poder político y económico, en el cual la Justicia es un bien al alcance del mejor postor.
Por todo esto, esta es una oportunidad única para el sistema judicial y dependerá de nuestra clase política cuál será la Corte Suprema que tendremos por los próximos años. La selección de Alberto Martínez Simón como el más nuevo ministro de la Corte no estuvo exenta de polémica. La misma terna fue integrada por dos candidatos que soportaban acusaciones de plagio y tráfico de influencias y uno que avaló la idea de una enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial.
Es por eso que el trabajo del Consejo de la Magistratura debe ser preciso en las ternas pendientes y para esto es necesario un acuerdo político que sobreponga el currículum de los candidatos sobre sus afiliaciones partidarias.
Una vez más, la clase política parece no estar a la altura de las circunstancias. Para el cargo de defensor general, tras un amplio pacto entre colorados y liberales llanistas, el Consejo de la Magistratura incluyó en la terna a Lorena Segovia, candidata del llanismo, a pesar de que no estaba entre los primeros cinco lugares tras las puntuaciones por trayectoria y desenvolvimiento en la audiencia pública.
En cada concurso se presentan candidatos con excelentes trayectorias que son dejados de lado por no tener padrinos políticos. La fórmula del cuoteo político quizás funciona en otros países, pero nuestra historia reciente demostró que solo trajo al Poder Judicial mayor sujeción a los partidos políticos y al Congreso.
El único pacto político realmente necesario es el que anteponga los intereses generales a los particulares. La oportunidad que este Gobierno tiene para transformar la Justicia es única. El futuro de todos depende de las elecciones de los próximos ministros.
