El nominado a ministro del Interior, Enrique Riera, había anunciado en el programa Políticamente Yncorrecto, en Telefuturo, que promoverá los controles aleatorios de la Policía Nacional que solicitará cédulas para dar “una sensación de control en las calles”. Las reacciones no fueron unánimes. Hay quien apoya esta suerte de propuesta de mano dura, ante la actual situación de inseguridad que se vive en las ciudades de nuestro país. No obstante, hubo cuestionamientos. Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay consideran que Riera no buscará el diálogo para resolver los conflictos sociales; y Teodolina Villalba, de la Federación Nacional Campesina, expresó que en su sector hay preocupación.
Ante la situación de inseguridad es importante analizar otros componentes de este problema. Precisamente, uno de ellos fue objeto de reflexión del abogado Jorge Rolón Luna, quien sostiene que el principal problema de seguridad en Paraguay es la propia Policía. “Los policías se ven envueltos casi todos los días en problemas delictivos y si se quiere mejorar la seguridad se tiene que apuntar a una profunda reforma policial que tiene que partir de la base de un diagnóstico de la situación institucional”.
Los problemas sociales que nos aquejan no serán resueltos aplicando mano dura. La represión puede llevarnos por un peligroso camino sin retorno, ya que se debe entender que con una ley del garrote o aplicando edictos no se solucionan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, las adicciones o el auge del crimen organizado. Las autoridades que asumirán el 15 de agosto administrarán el Estado paraguayo, el cual acumula deudas, particularmente con los jóvenes, que no tienen acceso a una educación de calidad ni salud pública ni tampoco empleo digno. Esas necesidades no serán resueltas ni satisfechas con una política represiva y, por el contrario, reclaman políticas públicas.
Respecto a la propuesta concreta de aumentar el control aleatorio de identificación, vale decir, requerir la cédula de identidad en forma “preventiva”, el nuevo gobierno debe tener claro que no se ajusta a nuestro sistema democrático.
Como explicaba el abogado José Casañas Levi, en una entrevista, ese sistema policiaco de control de las personas fue abandonado por el de la legalidad, y tanto en Paraguay como en el mundo occidental rigen constituciones. Menciona el principio de inocencia, por el cual la persona está protegida por la ley frente a la autoridad. Esto significa que la autoridad no puede usar la ley cuando quiere, sino que es al revés: la ley es un obstáculo para la autoridad; de lo contrario, nos convertiremos en una sociedad autoritaria donde la persona no está protegida.
El abogado menciona que la ley que rige las funciones de la Policía Nacional, la número 222 en su artículo 6, establece como atribuciones de la Policía solicitar la presentación de documentos de identificación personal “cuando el caso lo requiera”. Y, finaliza apuntando que estas propuestas son un ensayo de política contra el crimen, pero que si quieren hacerlo, primero deberán cambiar la ley, ya que esta actualmente nos les permite.
Solo por controlar las cédulas en barreras o en el transporte público no se va a poner freno a la propagación de la influencia del crimen organizado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones, así como tampoco se resolverán los agudos problemas sociales aplicando medidas represivas, considerando que el núcleo de la situación de inseguridad es la corrupción, la impunidad y la fragilidad de las instituciones. Limitar las libertades ciudadanas no resuelve los problemas, pero sí luchar por una Justicia que ya no sea arbitraria, por la igualdad y por dar calidad de vida y bienestar a la población.
