El ex senador colorado Víctor Bogado y su colega liberal Dionisio Amarilla, dos de los legisladores que llegaron a ser expulsados de su función en el Congreso por sus propios pares, tras sonados episodios de denuncias de hechos de corrupción, que generaron una fuerte presión e indignación ciudadana, decidieron recurrir a la Justicia, presentando respectivas acciones de inconstitucionalidad para intentar recuperar sus bancas, alegando que eran víctimas de persecución política.
Para grata sorpresa de la opinión pública, la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia decidió rechazar ambas presentaciones, en dos sesiones transmitidas en vivo, estableciendo que el tema es político y por tanto no era justiciable, salvo el control de forma, destacando que no hubo violación a la defensa, y que el Senado tenía la plena potestad para privar de su investidura a un parlamentario sin un juicio penal previo.
Las resoluciones constituyen una positiva señal de parte de la Justicia para frenar la corrupción y evitar la impunidad, ante dos casos considerados emblemáticos de casos de corrupción y tráfico de influencias en el ámbito político y judicial.
Como se recordará, el caso con mayor repercusión, por ser más antiguo y haber logrado evadir por mucho tiempo a la Justicia, fue el del colorado Víctor Bogado. Su caso es popularmente conocido como el de la niñera de oro, que se inició en 2013, cuando medios de prensa revelaron que Bogado, entonces presidente de la Cámara de Diputados, había contratado a una mujer llamada Gabriela Quintana como asistente de su oficina, quien figuraba como funcionaria del Poder Legislativo, pero también era la niñera de sus hijos. Además, cobraba un doble salario como funcionaria de Itaipú, comisionada por Bogado.
En mayo de 2019, tras reiteradas chicanas y dilaciones, Bogado y Quintana fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios en calidad de coautores, a un año de prisión y un año y seis meses, respectivamente, pero con suspensión de la condena. Ambos se salvaron de la cárcel al ser absueltos por el delito de estafa. Días después de la condena, Bogado fue expulsado del Senado por uso indebido de influencias.
El caso del senador liberal Dionisio Amarilla fue más reciente. El legislador llanista fue filmado cuando presuntamente intentó mediar para detener unas publicaciones periodísticas sobre unas irregularidades de una licitación del Instituto de Previsión Social que beneficiaba a la empresa de seguridad Security Service Tecnology (SST), vinculada al ex diputado Óscar Chamorro. Tras el escándalo a raíz de las publicaciones periodísticas de este episodio, el legislador sufrió la pérdida de investidura por 31 votos de sus pares y fue expulsado del Congreso.
En medio de muchos otros lamentables episodios, que indican que el corporativismo entre cómplices políticos sigue intentando mantener a las roscas corruptas en espacios de poder, la reciente decisión judicial permite sostener un nivel de esperanza en sectores de la ciudadanía que se mantienen movilizados en la lucha por sanear los círculos de la política. Es de esperar que esta racha moralizadora persista y vaya creciendo.