En principio, el reclamo se centró en la gratuidad de aranceles en las universidades públicas, pero el debate sirve justamente para ampliar miradas y construir soluciones con el mayor alcance posible.
Eso fue lo que ocurrió con los estudiantes desde que empezaron las movilizaciones hace dos semanas. Las reivindicaciones fueron transformándose, ya que ahora no solo piden garantías reales para mantener el Arancel Cero que habían conseguido en el 2020 luego de una larga lucha, sino que además exigen las mismas condiciones para todos los programas que fueron afectados por la Ley Hambre Cero.
En lo académico, exigen que también se blinden los Fondos para la Excelencia de la Educación y la Investigación, que tiene un presupuesto de más de USD 72 millones para este año. Entre los beneficiarios son alcanzados los becados del programa Becal e investigadores que aportan en la producción y promoción de conocimiento científico en Paraguay.
Los universitarios entienden que a corto plazo, este desfinanciamiento les afectará de forma particular, pero con un impacto para el país, porque el desarrollo y las ciencias van de la mano y las políticas públicas no deberían ser improvisadas, fabricadas para intereses individuales o pensadas solo para sostener el poder de un partido político.
Pero fueron más allá de lo académico, sumaron a sus reclamos garantías para fondos de salud, que también habían quedado a la deriva con la eliminación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). En esta área contempla medicamentos, insumos y equipos para hospitales y por otro lado, una atención específica a pacientes oncológicos.
Son estos pacientes quienes llegaron hasta la movilización del martes cerca de Mburuvicha Róga, sumándose a la protesta masiva que empezó con los estudiantes y que fue interpelando a otros sectores de la sociedad, como los docentes, médicos, campesinos, mujeres organizadas y hasta monjas. Las manifestaciones se realizaron prácticamente en simultáneo en varios departamentos del país.
El Gobierno no quiso ver lo que se venía, cegado por la misma soberbia y prepotencia de cuando impuso la Ley de Superintendencia de Jubilaciones sin consensuar con los afectados. En aquella ocasión, incluso había reprimido a los trabajadores y jubilados que se manifestaron frente al Congreso Nacional, violencia que quedó registrada en los órganos de derechos humanos.
DIÁLOGO SIN DIÁLOGO. Las autoridades “llamaron al diálogo” cuando ya se evidenció que no tenían control sobre la situación, pero un diálogo en que no abrieron la posibilidad de acceder a los pedidos de los estudiantes, posteriormente intentaron legitimar un acuerdo con personajes que no representan el sentir de los universitarios.
Si bien reglamentaron la Ley de Arancel Cero, los jóvenes en realidad reclaman una nueva ley que, con la jerarquía jurídica correspondiente, garantice recursos para TODOS los programas que eran financiados con Fonacide. Sin embargo, hasta el momento Santiago Peña, sus ministros y viceministros no contemplan esta opción, por tanto, es falaz el discurso de una apertura para el diálogo.
Mientras los universitarios ven amenazados sus derechos al acceso a la educación terciaria, el Partido Colorado ofrece subsidios para estudiantes que desertaron de instituciones privadas. La estrategia seccionalera es clara: negar derechos para ofrecerlos luego en forma de prebenda.
Con este modus operandi, los colorados lograron mantenerse en el poder varias décadas, pero una enérgica juventud ahora los interpela y los coloca en crisis.
