Si bien hubo una amplia mayoría de oficialistas y opositores que votaron por su aprobación en general, durante el tratamiento en particular se impuso el cartismo.
La aplanadora solamente dio el brazo a torcer en un par de artículos, y el más importante fue sobre las excepciones introducidas para poder contratar parientes, lo cual finalmente fue testado.
Sin embargo, el grueso del proyecto de ley, que fue modificado en las comisiones hasta apenas horas antes de la sesión ordinaria, fue aprobado pese a los cuestionamientos, y en ciertos momentos, las objeciones planteadas por senadores de la oposición ni se pusieron a consideración.
Objeciones. El proyecto de ley tuvo tratamiento de código, es decir, se abordaron solamente los artículos objetados, que en total eran 103, y los demás 45 artículos no objetados ya se consideraron aprobados.
El artículo 1 fue el primero en ser cuestionado por las diversas exclusiones que se plantean y además indicar que ciertos entes tendrán competencias regulatorias, lo cual fue considerado un término ambiguo.
“Municipalidades, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Fiscalía General, Universidades Nacionales, Contraloría General de la República, Banca Central del Estado, si nosotros descontamos a todas estas instituciones, ¿qué nos queda? Nos queda ese pobre prójimo que no tiene un kavaju (caballo) en una institución pública y esos son los que van a ser regulados... y los grandes manguruyuses que gozan de grandes salarios no”, cuestionó la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional.
Otro artículo objetado, en el mismo sentido, fue el tercero, sobre el ámbito de aplicación, donde discreparon hasta opositores entre sí, ya que el senador Eduardo Nakayama argumentó la independencia de los poderes, pero su colega Rafael Filizzola sostuvo que no corresponde.
“En el Poder Judicial y en el Poder Legislativo tenemos una cantidad importante de personal que en su mayor parte es de la carrera civil, entonces no se entiende porqué deben tener un régimen y autoridad de ejecución distinta del resto”, argumentó Filizzola.
Remuneraciones. Válido de varios ejemplos que mostró en cuadros, el senador Líder Amarilla solicitó que se incluya en el artículo 5, sobre la autoridad rectora en materia de políticas de remuneraciones, que nadie gane más que el presidente de la República.
Cuestionó cómo varios funcionarios superan en ganancia al mandatario, a través de las bonificaciones y otras ganancias extras. Sin embargo, la aplanadora cartista no dio el brazo a torcer.
Los artículos sobre asesores también fueron cuestionados y señalados de que van a seguir creando cargos para parientes y operadores.
El senador José Oviedo presentó diversas objeciones y pedidos sobre los artículos que afectan los derechos sindicales, como el hecho de que en una huelga que afecte a un servicio imprescindible, los titulares de entes puedan presentar una nómina de funcionarios que sí trabaje, pidiendo que solo se precise cantidad, pero no fue tenido en cuenta en ningún momento.
También se planteó que el transporte público sea considerado un servicio imprescindible para la ciudadanía, considerando que reciben dinero público en subsidio, pero tampoco prosperó.
Objeto. Las exclusiones planteadas en el artículo 1 del proyecto fueron cuestionados por generar que solamente afecte a un sector muy reducido del funcionariado público. También se cuestionó la ambigüedad del término “competencia regulatoria” que tendrán ciertos entes como las municipalidades, el TSJE, el CM, el JEM y otros.
Ámbito de aplicación. Una profunda discusión se dio en torno a este punto, ya que se utilizó el argumento de la independencia de los poderes y las carreras como el judicial, pero fue señalado que cuentan con una mayoría de funcionarios de servicio civil.
Salarios. En el artículo 5, sobre la autoridad rectora en materia de políticas de remuneraciones, el senador Líder Amarilla pidió incluir que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, utilizando bonificaciones y ganancias extras al sueldo, pero la mayoría cartista manifestó que ya está en otra ley.
Asesores. El artículo 16, sobre la designación de asesores por funcionarios de conducción política, establece un máximo de tres (sin concurso), y que tengan cinco años de experiencia, también fue cuestionado por poder seguir siendo manipulable al considerarse de confianza.
Reconsiderado. La senadora Blanca Ovelar logró que el cartismo reconsidere el artículo 17 y elimine el párrafo que establecía excepciones para introducir parientes en asesorías.
Seguirán gastando millones
El Congreso Nacional y las Cámaras de Senadores y Diputados tienen todos juntos un total de 4.203 funcionarios, de acuerdo a las planillas salariales del mes de septiembre. Esto representa un costo para el Estado de casi USD 5 millones en concepto de salarios cada mes.
Solo en el Senado, existen unos 50 funcionarios sin cargos, a disposición de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRH). Todos juntos representaron de enero a septiembre un costo en concepto de salarios poco más de G. 1.221 millones. De entre estas 50 personas, 13 se encuentran sin funciones desde enero, por lo que están próximos a cumplir un año percibiendo salarios que van desde G. 4 millones hasta G. 9 millones.
Estos datos solo representan al Senado sin contar la situación de Diputados y del Congreso Nacional.
Ciudadanía marchó, pero no se logró el objetivo
Centrales sindicales y otros gremios de trabajadores se manifestaron ayer en contra del proyecto de ley de servicio civil, que de todas formas fue aprobado por el Senado.
Participaron de la movilización la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otros gremios más.
GREMIOS. María Cárdenas, asesora jurídica de Asociación Salud País Unido, explicó que el proyecto establece el tiempo que va a durar y cómo se eligen las autoridades, lo que significa que este trámite ya no dependerá de la Justicia Electoral, sino del Ejecutivo.
“Y vos podés salir a manifestarte, podés salir a movilizarte para que a tu institución le den pupitres o jeringas, pero ya no más por beneficios para tus agremiados”, señaló.
En ese sentido, alertó que la iniciativa “mata el espíritu de lucha del sindicalismo”.
Para Cárdenas, la exclusión de los poderes Legislativo y Judicial evidencia las intenciones de blanquear los “nepobabies” y así también cuestiona la evaluación de desempeño que exige el proyecto, mientras que en el Congreso no hay ningún tipo de pruebas.
Aunque los gremios consideran que los votos están cantados por la “aplanadora colorada” al igual que normativas anteriores, avisan que se van a hacer sentir con movilizaciones y el voto castigo en las próximas elecciones.
A su vez, Francisco Vera, secretario de la Federación de Educadores del Paraguay, mencionó que los docentes piden la exclusión del magisterio del proyecto. Explicó que la Constitución Nacional refiere que tanto militares y policías como educadores deben regirse por leyes específicas y que el sector ya cuenta con las leyes 1725 y 1264.
Movilización. Desde tempranas horas del miércoles, un importante contingente de efectivos policiales se instaló en inmediaciones del Congreso Nacional ante la movilización de trabajadores.
Las organizaciones de funcionarios estatales que rechazan la iniciativa se movilizaron en las afueras de la sede legislativa, teniendo en cuenta que estuvieron pendientes del tratamiento del proyecto.
Igualdad. Hugo Cáceres, director ejecutivo de la Asociación Horizonte Positivo Paraguay, en contacto con radio Monumental 1080 AM, consideró importante que la ley se aplique a todas las instituciones y poderes del Estado.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo con la intención de que abarque a los tres poderes del Estado, pero las modificaciones de los parlamentarios excluyeron al Congreso y al Poder Judicial.
“Con relación a las mejoras en este proyecto de ley, creo que está el tema de la meritocracia y los concursos. Si se aprueba así cómo está, va a fortalecer que el mecanismo de ingreso a la función pública sea el concurso”, se explayó.
También, consideró importante la evaluación del desempeño como un mecanismo para ayudar en la carrera de los funcionarios. “El otro aspecto relevante, en cuanto al progreso, es el tema de la capacitación, el desarrollo y las competencias”, culminó.
Debido a la aprobación del proyecto por parte del Senado, se esperan más movilizaciones en los próximos días.
Fuerte cruce entre Dionisio y Celeste truncaron la sesión
Los senadores liberales Celeste Amarilla y Dionisio Amarilla fueron protagonistas de un fuerte cruce, en medio de la sesión de la Cámara Alta.
La discusión se tornó muy álgida, al punto que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, tuvo que levantar la sesión “por desorden”.
El encontronazo se dio durante el tratamiento del proyecto de un millonario préstamo para los ministerios de Obras Públicas y Educación.
En una sus alocuciones, Dionisio dijo que “acá se ha tratado a colegas de deshidratados cerebrales y se ha aludido orondamente varias veces, y la gente ha pasado por alto porque, también, entendemos que la senilidad va acompañada, muchas veces, a la cuestión etaria”.
En ese momento, Celeste Amarilla reaccionó y comenzaron los gritos e insultos.
“Estoy usando yo la palabra y se calla usted, señora, ¡se calla usted!, ¡cállese, coimera!, ¡coimera!, que no tiene derecho al vehículo blindado que le está queriendo hacer pagar a los paraguayos”, vociferó Dionisio.
La senadora la retrucaba calificándolo de “gordo”. En ese momento fue que Núñez levantó la sesión.
“No tiene argumentos y, por supuesto, le pedí que no se altere, porque va a explotar un día y me va a salpicar esa grasa barata de la que está hecha su barriga”, indicó Celeste a los medios.
“Yo le reclamé senilidad, eso no es apropiado; a ver; ahora vamos a discriminar gordo, flaco. Si él le trata de senil o nos trata de seniles a algunos; bueno, yo le trato de gordo, porque si vamos a discriminar, nos vamos a discriminar todos”, fue la respuesta de la legisladora.
