El matrimonio y uniones infantiles, tempranas y forzadas (Muitf) son el reflejo de una exclusión histórica, sistémica de las niñas y de los adolescentes. También es un tema de justicia social porque es necesario ver estas uniones como una responsabilidad colectiva que no solo se da en comunidades indígenas.
Así lo explica Alma Burciaga González, especialista en derechos de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, representante regional de Girls not brides (niñas, no esposas). Se trata de una alianza global contra el matrimonio infantil, más de 60 organizaciones en la región de América Latina y el Caribe, siendo la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) en Paraguay miembro de esta red.
Desafortunadamente —explica— el matrimonio o unión infantil no es un tema que se aborda mucho en la región porque se cree que no pasa en América Latina y el Caribe y tendemos a pensar que esto solo sucede en Asia y África, por lo tanto, no es un problema relevante en las agendas de las organizaciones y de los gobiernos. ‘‘Los matrimonios infantiles, uniones tempranas y forzadas se presentan en una de cada cinco niñas y adolescentes de la región. Entonces no es un tema menor, contrario a lo que se cree, ni son casos aislados’’.
Burciaga visitó Paraguay invitada por CDIA y participó de varias reuniones con representantes de instituciones del Estado. Hemos tenido muy buena recepción en Paraguay, por parte de las instituciones de Gobierno hay un interés.
“Las uniones forzadas no suceden solamente en comunidades indígenas, sino también se dan en contextos urbanos”. Alma Burciaga, especialista en niñez.
La especialista aclaró que las uniones forzadas no suceden solamente en pueblos o comunidades indígenas, también suceden en contextos urbanos, en contextos de altos ingresos, pero sí tienen definitivamente una cara de niñas y adolescentes racializadas en condiciones de pobreza, de falta de oportunidades que se localizan —en la mayoría de las veces— en pueblos indígenas o pueblos originarios.
Esta problemática detona otra serie de desigualdades y condiciones de vulnerabilidad que se agravan, es decir, quien ya viene de una situación de pobreza, de un contexto de falta de acceso a la educación queda todavía más excluida.
Vulnerabilidad. En las adolescentes la probabilidad de tener hijas o hijos en los primeros años de las uniones forzadas es muy alta, entonces hay una vulnerabilidad de derechos sexuales y de reproductivos, sobre todo de una ausencia de educación en todos los sentidos, pero principalmente de educación integral en la sexualidad. La ausencia del Estado es notoria, no hay políticas públicas y si las hay son muy generales, no hay presupuesto y los conocimientos son muy escasos, entonces se deja a las niñas y a las adolescentes en un estado de indefensión.
Burciaga señaló que hay una serie de creencias asociadas a roles y estereotipos de género que tienen a su vez raíz en esta desigualdad de género, que validan prácticas de abuso de poder que ven a las niñas, adolescentes y mujeres no como personas sujetas de derechos, sino como objetos, que se puede disponer de su cuerpo, de su sexualidad, de su vida. Esto pasa desde que —como sociedad— normalizamos cuestiones de que, por ejemplo, haya diferencias de edad enormes o que se asocie el ejercicio de la vida sexual como responsabilidad para casarse.
‘‘Como sociedad no validemos situaciones que en realidad son violaciones a los derechos humanos básicos, como esta creencia de que las niñas a cierta edad, a los 15 años 16 años, pues ya es hora de casarte’’, exhortó.
