Los estudiantes universitarios, miembros de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), presentaron una nota a Luis Almagro Lemes, secretario general Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la injusta prisión preventiva de los jóvenes Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco.
Mencionan que la situación amerita la total atención de la comunidad nacional e internacional, su intervención y todo su apoyo dentro de las posibilidades legales para acompañar y garantizar el debido proceso, ya que se han perdido las garantías constitucionales como la presunción de la inocencia, de la libertad de expresión y de prensa, de la libertad de reunión y manifestación, de derecho a la intimidad, entre otros.
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Afirman que están preocupados ante los últimos sucesos que acontecen en nuestro país y califican de “atropellos” las acciones realizadas por la Fiscalía, el Poder Judicial y el Gobierno Nacional, contra varias garantías constitucionales, “generando un quiebre del Estado de Derecho”.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLos estudiantes explican en la nota que en medio del agravamiento de la crisis sanitaria y económica, por la falta de insumos, vacunas, equipamientos de hospitales, por la corrupción generalizada y por la inasistencia absoluta de parte del Gobierno a la población, se iniciaron protestas y movilizaciones ciudadanas en Asunción desde el 5 de marzo pasado, extendiéndose por todo el territorio nacional y con una duración aproximada de un mes.
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Según la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción, el Gobierno Nacional respondió a las movilizaciones con “pura represión policial, tratando de disipar en todas las ocasiones los justos reclamos ciudadanos por medio de las fuerzas del orden público, con docenas de detenciones arbitrarias, practicando torturas a varios detenidos y habiendo policías de civil disparando armas de fuego, también imputando por diestra y siniestra desde la Fiscalía, y con amenazas del ministro de Defensa de militarizar las calles”.
Afirman que “como broche de oro”, desde el Poder Judicial que está cooptado por los intereses del ex presidente de la República Horacio Cartes y del Partido Colorado, la jueza Hilda Benítez Vallejo resolvió mandar a prisión preventiva a los tres estudiantes.
Además, explican que consideran “arbitraria, inconstitucional e ilegal” la prisión porque se ignoran las directrices de la Corte Suprema de Justicia, que establece que la prisión preventiva puede aplicarse exclusivamente en casos excepcionales.
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También porque no cuentan con los elementos suficientes que vinculen a los imputados con los delitos por los cuales son investigados y porque la jueza no fundamentó el peligro de fuga y desconoció todos los elementos de arraigo que presentó la defensa. Tampoco la Fiscalía presentó alguna prueba de falta de arraigo.
Amnistía afirma que prisión de estudiantes es desproporcional
Por otra parte, desde Amnistía Internacional afirman que la prisión preventiva contra los estudiantes “es una medida desproporcional y grave, y más en tiempos de pandemia”.
Amnistía Internacional considera que el Estado paraguayo no ha cumplido con los criterios de derecho internacional ni de su propio marco constitucional en aplicar la prisión preventiva en este caso, y por ende exhorta a las autoridades a poner inmediatamente en libertad a Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad.
Explican que la pandemia del Covid-19 hace que las personas privadas de la libertad sean especialmente vulnerables y estén en riesgo y exhorta a los Estados que se abstengan de abusar de la prisión preventiva y que efectivamente sea una medida excepcional, para evitar que los centros de detención se conviertan en epicentros del brote del coronavirus.
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La organización insta a las autoridades de Paraguay a actuar de manera urgente acorde estos criterios, durante uno de los momentos más agudos de la pandemia en el país.
Finalmente, Amnistía Internacional reitera que este caso representa un uso inadecuado del sistema penal, lo que podría representar un intento del Estado para criminalizar el activismo social y desincentivar la protesta.
Los fiscales María Estefanía González y Lorenzo Darío Lezcano ordenaron la detención e imputación de los jóvenes el pasado 19 de marzo por los supuestos hechos de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
