Alrededor de 90 casos por conflictos de tierras en territorio indígena están pendientes de resolución en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Eso reveló ayer Mirian Aguilera, directora de la Dirección de Género, Generación y Etnia Rural del Indert. Opinó que la irresolución de esos expedientes obedece a una desidia de parte de la administración anterior de Justo Cárdenas.
“Te puedo asegurar que hubo desidia y eso (los litigios en espera), para poder mover otra vez, estamos formando nuestro plantel”, señaló Aguilera, quien tuvo un altercado con un grupo de indígenas que bloqueó durante más de seis horas los accesos al ente.
Ella –según admitió– ignora el contenido del expediente del conflicto en la zona de la comunidad Tacuara’i, distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, cuyos pobladores acampan en Asunción desde hace un mes.
Ellos denuncian que fueron desalojados de forma violenta de sus tierras por parte de “pistoleros” de colonos brasileños, en setiembre pasado. Ayer fueron hasta la sede del Indert para reunirse con el presidente de la institución, Horacio Torres. Y uno de los nativos reconoció –dijo– a uno de sus supuestos torturadores y elevó la temperatura de la protesta: sitiaron el edifico –ubicado sobre Tacuarí y Mcal. Estigarribia– bloqueando a su vez el tránsito vehicular.
Derlis López, líder áva guaraní, contó que de las 75 familias que pueblan Tacuara’i, 35 se encuentran en la capital hace más de un mes.
“Vinimos para hablar con el presidente del Indert y estaba en reunión. Pero le vimos que entró Fabio Sequeira (colono brasileño); le encontramos también a su pistolero. Los hermanos indígenas le corrieron y los policías le protegieron”, relató el motivo por el cual asumieron una actitud violenta contra la institución. “Están negociando nuestras tierras. Él le reconoció al matón que le torturó”, acusó Derlis al señalar a su hermano, Arnaldo, quien levantó la remera y mostró una cicatriz producida por un supuesto disparo de arma de fuego.
Eso pasó ayer a la media mañana. El titular del Indert los recibió recién a las 14.00.
Torres reconoció también que ignora el caso de Tacuara’i y aseguró que estaba reunido con campesinos del distrito de Ybyrarobana, de Canindeyú.
A LA ESPERA. Yoni Alonso, del Departamento de Asesoría Jurídica del Indert, contó que el presidente de la institución le otorgó un poder para analizar y dictaminar los expedientes de tierras en litigio. Pero, como está de vacaciones, todavía no empezó el trabajo.
Volverá los primeros días de febrero y una semana después –estimó– tendría un panorama sobre la situación legal de la comunidad Tacuara’i.
Los nativos avá guaraní reclaman 1.000 ha. que les fueron arrebatas, según obra en su denuncia fiscal, por guardias privados de los sojeros.
