El caso de la ex diputada colorada Cynthia Tarragó, quien había solicitado la rehabilitación de su estatus como ciudadana afiliada al Partido Colorado, tras haber cumplido su condena en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de dinero, produjo más que nada un colorido debate alrededor de la posibilidad de que la política pueda volver a aspirar a un cargo electivo. Después de su detención, en un procedimiento del FBI, el diputado Ramón Romero Roa había pedido la expulsión del padrón; en aquel entonces se resolvió disponer como medida cautelar la exclusión de Tarragó del padrón colorado.
Ahora, tras cumplir su condena, la ex diputada Cynthia Tarragó al retornar al país pidió a la Junta de Gobierno de la ANR recuperar su afiliación como colorada. Pero el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana le respondió en forma negativa. La ex diputada “obtuvo una condena judicial de privación de libertad mayor a dos años, por graves delitos, motivo justificado de pérdida de afiliación al Partido”, expresa el rechazo.
La decisión del Tribunal partidario se percibe desde el exterior como un pretendido baño de santidad. Ciertamente, la ex diputada colorada Tarragó fue condenada por un juez del estado de Nueva Jersey, EEUU, a dos años y nueve meses de prisión por su papel en una trama internacional de blanqueo de capital, lo que llama la atención en este caso es la contundencia de la resolución de sus ahora ex correligionarios.
Basta con visitar la página web del Partido Colorado para ver que, en la galería de líderes representativos, junto a intelectuales sin herederos partidarios de la talla de Juan Crisóstomo Centurión, Blas Garay, Ignacio A. Pane, Fulgencio R. Moreno y Epifanio Méndez Fleitas conserva un sitio destacado el dictador Alfredo Stroessner, significativo violador de los derechos humanos.
Otro caso emblemático es el de Óscar González Daher, para quien al fallecer la ANR declaró tres días de duelo partidario por el ex senador, quien fuera miembro titular de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.
Este acumulaba dos procesos: uno por el caso conocido por los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y el otro por enriquecimiento ilícito. En los dos fue condenado.
Ambos partidos tradicionales suman políticos que han perdido su investidura, como el caso de la senadora colorada Mirta Gusinky, quien presentó su renuncia tras recibir la vacuna contra el Covid-19, valiéndose de sus influencias como legisladora; o la senadora liberal llanista María Eugenia Bajac, destituida del Senado en abril del 2020 por uso indebido de influencias, tras supuestamente violar la cuarentena sanitaria, así como irregularidades en el uso de los viáticos y su actuación en Perú con funcionarios de la Embajada.
De acuerdo con el Informe 2021 del Barómetro de las Américas, un 10% de la población considera que la corrupción es el principal problema del país (uno de los porcentaje más altos en América Latina y el Caribe), además, solo el 20% de la ciudadanía cree que la Fiscalía investiga los hechos de corrupción, y solo el 24% confía en que el sistema judicial castigará a los corruptos. Es sumamente grave y preocupante el bajo nivel de confianza de la población, debido principalmente a la impunidad, porque pese a los avances, son pocos los sospechados de corrupción que reciben condenas ejemplares.
Los partidos políticos deben ser saneados, necesariamente el futuro depende de que se dé una auténtica depuración de sus filas, particularmente de los tradicionales. Esto es necesario para recuperar la credibilidad, porque esta falta de confianza en la política sin dudas afecta a la democracia.
