La agricultura familiar y las miles de mipymes, así como algunas grandes empresas del sector alimenticio, contribuyen con la generación de empleos y de ingresos. La protección al sector debe ser una prioridad para el Gobierno, ya que no cuenta con suficientes fondos para subsidiar el empleo como lo están haciendo los países desarrollados, que tienen espacio fiscal suficiente y un sistema de protección social consolidado.
Por otro lado, la caída del ingreso familiar y el aumento del desempleo exigen contar con alimentos a precios justos y sanos, lo cual implica necesariamente producir en el país con estándares de calidad. Los productos de contrabando no solo destruyen la economía, el tejido social y la ética pública, sino que también traen consigo el problema de la trazabilidad de la calidad de los alimentos.
La policía, las aduanas, el Ministerio de Agricultura y todas las instituciones del sistema, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial deben hacer el trabajo de acuerdo con sus competencias y garantizar resultados.
En el caso de la sequía, el MAG debe invertir más en programas de instalación de infraestructura en las fincas campesinas; mientras que el Crédito Agrícola de Habilitación debería fortalecer el financiamiento. Los sistemas de riego e invernaderos son fundamentales para garantizar una producción sostenible en el tiempo, reduciendo la incertidumbre que genera el cambio climático.
El desafío pendiente es el seguro agroclimático, necesario para garantizar la sostenibilidad de la producción y eliminar el prebendarismo partidario en los subsidios. Hace años hay proyectos de ley en el Congreso que no se aprueban debido justamente a los intereses políticos y económicos que existen detrás de los subsidios y seguros.
El freno al contrabando y la mitigación de los efectos de la sequía son fundamentales en este momento en que la población requiere alimentos baratos y sanos. Por otro lado, y no menos importante, la protección al trabajo de los paraguayos. Este debería ser un objetivo central, ya que de ello dependen la reactivación económica y la tranquilidad social.
Los dos problemas tienen instituciones con competencias y recursos económicos y humanos. Es inconcebible que no haya respuestas adecuadas y oportunas desde el sector público, teniendo en cuenta que ambos problemas son de larga data.
Detrás del fracaso de las políticas se encuentran la corrupción y la falta de compromiso de los funcionarios públicos. Ambas condiciones íntimamente relacionadas con la ausencia de carrera del servicio civil y el mal funcionamiento de la Justicia, que deja impune la mayor parte de los delitos.
La reactivación económica y la recuperación del consumo solo serán posibles con una acción combinada de las instituciones económicas, de control y seguridad del territorio y de la justicia. Sin eficacia y honestidad no saldremos bien parados de esta situación.
