Parece un problema de nunca acabar. A pesar de que en más de un municipio se han dictado ordenanzas y otro tipo de reglamentaciones para prohibir su presencia en las calles y esquinas más transitadas, los llamados limpiavidrios y cuidacoches siguen proliferando, imponiendo sus formas de recaudar dinero con un sistema muy parecido a los de la imposición y el chantaje, ante la impotencia de los automovilistas y la resignación o la indiferencia de las autoridades.
En estas últimas semanas, en las redes sociales de internet varios ciudadanos han reportado nuevos casos de situaciones violentas que han sufrido ante personas que les exigían pagos por estacionar sus vehículos en las calles o por limpiar los parabrisas mientras estaban detenidos ante los semáforos. Al negarse a pagar, eran objeto de represalias, como la rotura de vidrios, las pinchaduras de neumáticos o directamente de agresiones físicas .
Aunque los casos de agresiones no se pueden generalizar, el conflicto social se mantiene y un gran sector de la población reclama ante la inacción de las autoridades. En muchos casos se imponen los prejuicios acerca de que quienes ejercen la actividad informal, oficialmente no reconocida, son todos “haraganes”, “delincuentes” y “drogadictos”, ignorando que por detrás de muchas de estas personas existen realidades de pobreza y marginalidad que no son debidamente atendidas por los organismos del Estado.
Desde la Junta Municipal de Asunción se ha reiterado que está vigente la ordenanza 5/16 que prohíbe la presencia de los limpiavidrios en las calles, pero en la práctica es letra muerta. La administración del intendente Mario Ferreiro, que al inicio de sus gestiones había dejado sin efecto un proyecto de tercerizar el sistema de estacionamiento controlado en la capital, no ha establecido ningún proyecto alternativo, dejando que el control del tráfico quede librado a la “ley de la jungla” en toda la ciudad. Aunque en la práctica el estacionamiento es libre, son los llamados cuidacoches los que se han adueñado de cada cuadra y exigen un pago por dejar cada vehículo. En caso de negativas, proceden a adoptar represalias violentas, instaurando un sistema de chantaje.
La recomendación del comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, quien aconsejó que los ciudadanos “dejen de pagar a esta gente”, resulta de difícil cumplimiento, sobre todo cuando no hay efectivos policiales cerca para evitar que los cuidacoches o limpiavidrios respondan con actitudes violentas cuando alguien se niegue a pagar sus presuntos servicios.
La actitud del jefe policial puede ser interpretada como una cómoda manera de desentenderse del tema y evadir sus responsabilidades de proteger a los ciudadanos.
La propuesta del concejal asunceno Elvio Segovia, de que agentes policiales cumplan una presencia persuasiva en los ocho cruces más conflictivos en la capital podría ser una forma de evitar más enfrentamientos violentos, pero no apunta a ninguna solución de fondo. Urge que las diversas instituciones públicas y privadas, junto con las propias víctimas de esta situación, trabajen en forma coordinada para eliminar las condiciones de marginalidad y pobreza, promoviendo oportunidades de trabajo digno y dando respuestas a los graves problemas de salud, vivienda, educación y promoción humana.
