El Paraguay es signatario desde 2015, junto con la mayoría de los países del mundo, de dos instrumentos internacionales en los que se compromete a implementar acciones para enfrentar las consecuencias del cambio climático: el Acuerdo de París, en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
Adicionalmente, cuenta con instituciones como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como con leyes y planes que tienen metas directamente relacionadas con la problemática, en algunos casos, y en otros de manera indirecta, pero con impactos igualmente importantes en la mitigación de los efectos y en la obstaculización de un deterioro aún mayor.
A pesar de ello, el país está haciendo poco para prevenir y anticiparse. Uno de los mecanismos más importantes para garantizar la resiliencia económica frente al cambio climático es la implementación de algún mecanismo que permita a los productores de alimentos mantener su actividad productiva en los casos de inclemencias climáticas que destruyen sus cultivos, como es el reciente caso de tomates y locotes.
La agricultura familiar es uno de los sectores más afectados por el problema.
Desde hace años se acumulan pérdidas de cosechas, lo cual obstaculiza la reducción de la pobreza y las mejoras en la calidad de vida en el sector rural e incentiva la migración hacia las ciudades.
La solución pasa, entre otras medidas, por dotarle a la producción de alimentos de mayor tecnología y de seguros agroclimáticos.
Hasta ahora, los programas implementados muestran solo mínimos beneficios en el objetivo de dotar de mejores capacidades tecnológicas y además en el marco de altos niveles de corrupción e ineficiencia.
El seguro agropecuario sigue sin implementarse, pero en cambio se continúa con leyes de emergencia también implementados en medio de conflictos, denuncias de falta de transparencia y de conductas clientelares.
Desde hace más de una década, algunas organizaciones campesinas tienen una propuesta que permitiría solucionar una parte del problema así como reducir los programas clientelistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Sin embargo, a los políticos no les interesa.
Así como están las cosas, el Paraguay está perdiendo la oportunidad de garantizar acceso a alimentos inocuos y a precios justos, así como de continuar la reducción de la pobreza porque no es capaz de implementar un instrumento sencillo, conocido en la región y con propuestas existentes en el país.
Esta situación obstaculiza los objetivos del desarrollo, gastando ineficazmente los pocos recursos públicos con que cuenta nuestro país en intervenciones que no contribuyen ni a enfrentar las causas del cambio climático ni a mitigar sus efectos en la calidad de vida de la población, principalmente la más vulnerable.