Hasta el martes, unos 5.200 paraguayos y paraguayas fueron repatriados y pasaron por uno de los 49 albergues y 25 hoteles salud disponibles, en donde deben cumplir un periodo básico de 14 días en aislamiento bajo examen médico, que puede prolongarse en el caso de que se les detecte el contagio con el Covid-19, en cuyo caso son sometidos a un tratamiento médico especial.
Lo llamativo es que en la Ley de Emergencia que autoriza el uso por parte del Estado de un fondo de USD 1.600 millones obtenido con préstamos, no se estableció financiar la creación de albergues para la cuarentena de los repatriados, debido a que en los inicios del proceso ni siquiera se había pensado en la problemática de los compatriotas migrantes o varados en el exterior, que iban a necesitar retornar al país al quedar sin trabajo, o sin posibilidades de seguir sus estudios y sin medios de sobrevivencia en los lugares donde se encontraban.
Muchos de los albergues tuvieron que ser habilitados en locales militares y policiales, utilizando los recursos presupuestarios de dichas unidades, pero ante el creciente número de personas que solicitaban retornar hubo que crear más albergues en casas de retiro, en instalaciones polideportivas o en otros espacios, en los cuales se debe recurrir a donaciones y a colaboraciones para poder alimentar y proveer los hospedajes, en muchos casos en condiciones precarias, según las denuncias de los afectados.
Contradictoriamente, mientras se han destinado millonarios montos a compras de salud que resultaron infructuosas por operaciones fraudulentas e irregulares detectadas, no existen fondos para priorizar el área que hoy resulta más sensible y urgente, para atender y acompañar en debida forma el ingreso de los compatriotas desde el exterior, teniendo en cuenta que el mayor número de contagios ha sido detectado justamente entre estas personas, en los albergues.
No se puede negar el derecho constitucional que tienen todos los paraguayos en el exterior de poder regresar a su país, pero el Estado debe garantizar que ese retorno se haga de manera controlada y digna en medio de la actual pandemia, con las medidas sanitarias de rigor, que además aseguren la protección de la salud de toda la ciudadanía. Para ello, urge contar con el presupuesto necesario para habilitar, acondicionar y sostener los albergues que sean indispensables para asegurar un buen proceso de repatriación.
Deben existir la preocupación y la voluntad política necesaria por parte de las autoridades y los legisladores para reprogramar con urgencia los recursos de la Ley de Emergencia y destinar el presupuesto necesario para los albergues. De lo contrario, se entiende que la suerte de los compatriotas migrantes y la salud del resto de la población no les importa mucho.
