En el debate sobre el salario mínimo de esta semana, las noticias, los comentarios en las redes y algunos comunicados solo han contribuido a polarizar las posiciones. Una parte importante de la discusión se centró en el mantenimiento o empeoramiento de las condiciones laborales, en lugar de proponerse mejorar las condiciones de vida de los trabajadores e impulsar medidas que favorezcan la productividad de las empresas sin contravenir este objetivo. Necesitamos análisis de la realidad que utilicen evidencia empírica rigurosa.
En la teoría económica neoclásica más básica se plantea que aumentos en el salario mínimo reducen el nivel de empleo. El supuesto es que en un mercado de libre competencia, el salario se comporta como un precio y su nivel se establece por la oferta y la demanda. La libre competencia exige como mínimo que haya muchos oferentes y muchos demandantes, todos con información simétrica y ninguno con la capacidad de fijar precios. El problema es que en Paraguay casi no hay mercados con esas características, menos aún el de trabajo. Por lo tanto, la propia escuela neoclásica habla de “fallas de mercado”.
Desde los años 70, los países han adoptado esta idea como la única premisa válida sobre el efecto de un aumento en el salario mínimo en el nivel de empleo; sin embargo, el Nobel de Economía 2021 fue entregado al economista canadiense, David Card, por demostrar mediante un trabajo experimental, que el incremento en los salarios mínimos no conduce necesariamente a la reducción del empleo. Es importante aclarar que el profesor Card trabajó en las universidades de Chicago, Princeton y Berkeley. En realidad, esta evidencia no es nueva, hace tiempo que las investigaciones económicas dan cuenta de este hallazgo.
La principal fuente de ingresos en nuestro país es el trabajo, pero además el salario mínimo es la base para el pago de las contribuciones a la seguridad social; por lo tanto, la vigencia de un salario mínimo no solo favorece la calidad de vida en el presente, también contribuye a la sostenibilidad de la seguridad social y a la reducción de la pobreza futura y a la calidad de vida en la vejez
El 85% de los ingresos de los hogares en Paraguay proviene del trabajo remunerado. Este dato muestra el rol fundamental que tiene el buen funcionamiento del mercado laboral para el bienestar de las familias; sin embargo, el 65% de los trabajadores es informal y alrededor del 70% gana menos del salario mínimo. Estos datos dan cuenta de la gravedad de la situación de los trabajadores. La situación laboral de la juventud, de las mujeres y de los campesinos muestra indicadores aún peores.
A pesar de ello, el rol del Estado en esta área es mínimo y además débil. Paraguay no tiene una política laboral de amplio alcance. El peso del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en el presupuesto público es bajo y los servicios que presta son mínimos. La fiscalización del cumplimiento del salario mínimo es casi inexistente, incluso en ocupaciones y ramas de actividad altamente productivas. Antes de discutir cambios, es necesario penalizar el bajo apego a la ley de quienes no tienen justificaciones económicas para el incumplimiento de la norma.
La mayoría de las empresas, incluyendo las pequeñas y medianas, podrían cumplir el salario mínimo si se combatiera la corrupción y la burocracia innecesaria y mejorara la calidad de los servicios públicos. En lugar de ir hacia adelante con un debate serio sobre la reducción de la jornada laboral y las condiciones que permitirían el aumento de la productividad y competitividad, el debate gira alrededor del retorno a las condiciones laborales de los siglos XIX y XX.
Parece que no nos damos cuenta de que la inseguridad en las calles, la presencia del narcotráfico y otras actividades ilegales en la vida cotidiana de las personas se alimenta de la precariedad, inseguridad y vulnerabilidad que genera un mercado laboral que no contribuye a la calidad de vida. No habrá forma de combatir estos flagelos sin garantizar trabajo digno y que este permita calidad de vida.
