En una acertada decisión, y mediante un decreto, el Poder Ejecutivo objetó de forma total el proyecto de normativa que pretendía permitir la reprogramación presupuestaria para las gobernaciones, a través de la modificación del artículo 280 de la Ley 6873, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022. El mencionado artículo prohíbe claramente la reprogramación de créditos presupuestarios en relación con los aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro por parte de los gobiernos departamentales. Vale decir que los gobernadores pretendían usar recursos que deben ser destinados a la educación en salarios, viáticos y combustible. Esto, en plena época de internas y de cara a la campaña de las generales 2023, era una muy mala idea.
Es importante recordar que, durante el estudio de la propuesta en la Cámara de Senadores, el gobernador del Departamento de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, había expuesto que el proyecto buscaba la restitución de dos objetos de gastos, a fin de contar con esos rubros “para atender los sectores sociales”. Tras esta argumentación, la senadora Esperanza Martínez había planteado que se agregue un artículo al texto para establecer que los gobernadores puedan rendir cuentas de sus administraciones de forma cuatrimestral. Y este es precisamente el centro de todas las preocupaciones, el cómo se gasta el dinero del Presupuesto y que no se rinda cuenta de ello.
De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Nacional, entre las competencias del gobierno departamental está la de coordinar actividades con las distintas municipalidades del departamento y organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua potable. A la luz de la experiencia, estos objetivos no han sido cumplidos satisfactoriamente hasta el momento.
Como ejemplo podemos mencionar que uno de los principales déficits en el país gira en torno a las deficiencias en la infraestructura de las instituciones educativas, precisamente el rubro que pretendían tener a su disposición para la reprogramación, o más directamente, poder usar este dinero en otro tipo de gastos.
Un dato de 2021 habla por ejemplo de que en el Departamento Central, el 53% de las instituciones educativas requieren arreglos o construcciones de nuevas aulas; el 63% requieren baños y el 44% requieren sillas, mesas y equipamientos. En Alto Paraná, el 54% de las instituciones requieren arreglos o construcciones de nuevas aulas, el 44% requieren baños y un 60% requieren sillas, mesas y equipamientos. Los datos de San Pedro no son diferentes: el 58% de las instituciones necesitan arreglos o construcciones de nuevas aulas, un 45% baños y un 64% sillas, mesas y equipamientos. Frente a estas necesidades de la población, sería difícil hallar otro tipo de prioridades que impacten tanto en una comunidad.
La ciudadanía debe ejercer su rol de contralor. Especialmente si se consideran los casos de la Gobernación de Central, donde fueron detectadas irregularidades en el rubro de la merienda escolar y en combustibles, entre otros. Asimismo, está el caso más reciente de Guairá, cuya Gobernación será intervenida por una decisión de la Cámara de Diputados, por presuntas irregularidades con el desembolso de USD 2 millones que debían utilizarse para la reactivación económica a causa del Covid-19.
No solamente no se les puede permitir que usen más dinero en salarios, y particularmente en tiempo electoral, sino que se debe ejercer más presión ciudadana para que estos funcionarios rindan cuenta del uso que han hecho del dinero del presupuesto.
