En el transcurso de esta semana finalizarán las audiencias públicas a los candidatos a fiscal general del Estado, y en los siguientes días se hará la evaluación integral para después definir la terna. El proceso, no obstante, ha sido objeto de innumerables cuestionamientos.
Según se informó, entre los candidatos mejor puntuados –hasta el momento– figura en primer lugar el juez Gustavo Enrique Santander Dans, de 58 años. Es actual miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala. El segundo mejor evaluado es el abogado Jorge Rolón Luna. Experto en Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, se desempeñó como juez electoral, miembro del Consejo de Itaipú y director jurídico de la Secretaría de la Función Pública. Y el tercer mejor puntuado es el fiscal adjunto Federico Derlis Espinoza, quien fue coordinador de la Fiscalía, secretario de Juzgado de Primera Instancia, defensor público, agente fiscal penal y actual fiscal adjunto.
Uno de los cuestionamientos proviene de Carolina Ferreira, cuya postulación fue rechazada por el Consejo de la Magistratura, quien asegura que el colegiado no mide con la misma vara a todos los postulantes.
En cuanto a la candidata Ana Victoria Rivas, excluida por no presentar todas las documentaciones requeridas, expresó que en algunas postulaciones, especialmente a los que corresponden a actuales ministros del Poder Ejecutivo, tuvieron una mirada política y que se sintió excluida arbitrariamente.
En general, las principales críticas apuntan también a que en todo el proceso existe injerencia política, debido al sometimiento del mismo consejo a los poderes políticos. Este es de hecho el eje de todas las críticas al mismo sistema.
Es bien sabido que el Ministerio Público acumula una severa desaprobación de parte de diversos sectores, y en este sentido se cuestiona seriamente la falta de independencia a la hora de investigar e imputar por casos de presunta mala utilización del dinero público.
Los casos más vergonzosos refieren a la corrupción durante la pandemia del Covid-19; mientras la población vivía momentos de incertidumbre, sin medicamentos ni insumos y con el sistema de salud colapsado, en el Paraguay hubo funcionarios que mal utilizaron el dinero público destinado a la población. Esos casos aún aguardan a que la Fiscalía investigue e impute a los responsables de la corruptela.
La actual fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez ha capeado en el transcurso de este año varios intentos de juicio político, y logró la absolución gracias al apoyo de determinados grupos en la cámara de Diputados. Gracias a esto, la fiscala podrá finalizar su mandato en marzo próximo.
La gestión de la Fiscalía ha estado permanentemenente bajo la lupa; pues lo que el país necesita es un Ministerio Público liderado por una persona objetiva, independiente y sin compromisos con sectores políticos y económicos. Esta sería la condición inevitable para combatir la corrupción y la impunidad que son una verdadera amenaza a nuestro sistema democrático.
La elección del nuevo fiscal general constituye un verdadero desafío para la actual clase política de nuestro país, pues demostrará el nivel de compromiso que tienen con la transparencia. Al mismo tiempo se debe señalar la urgencia de que nuestras instituciones se fortalezcan y puedan soportar las presiones. Necesitamos fundamentalmente que la Fiscalía sea capaz de comprometerse con la sociedad, no se involucre en las cuestiones político- partidarias, y colabore para la construcción de una justicia imparcial, equilibrada y ecuánime.