El subsidio que paga el Estado al sector transporte es para mantener la tarifa del boleto, y evitar que la carga de un mayor precio se traslade a los usuarios. El problema nunca resuelto es la calidad del servicio. Por eso, la mala calidad del servicio les cuesta muy caro a los usuarios.
Los empresarios del transporte reclaman en forma periódica la falta de cumplimiento por parte de las instituciones del Estado. En una entrevista con Monumental 1080, César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam, había afirmado que se trata de un problema existencial, que “el hambre apura” al empresario de transporte público y que las empresas “van quebrando”.
De acuerdo con un reporte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el 59% de las empresas de transporte de pasajeros vía terrestre a nivel nacional declararon en el 2023 que tuvieron ganancias iguales a cero guaraníes, lo que resulta llamativo, considerando que las líneas que operan en esta zona tienen mayor flujo de pasajeros, pues se encuentran en el área metropolitana y perciben el subsidio del Estado.
Ni en las tripartitas ni en las mesas de negociación, ni en los intentos de intimidación aparece un elemento fundamental: La calidad del servicio; solamente se habla sobre la tarifa, sobre dinero y plazos, pero falta siempre el interés superior de las personas que utilizan el servicio.
Testimonios, quejas, lamentos y reclamos son cotidianos, pero a ninguna autoridad le ha conmovido el calvario cotidiano de los usuarios del transporte público. Los medios y las redes son el escenario en el que se multiplican las críticas, particularmente por las reguladas que son aplicadas en forma sistemática, y ante las cuales las autoridades del Ministerio de Obras Públicas –como ente responsable– no ofrecen soluciones. Ni al Gobierno ni a los transportistas afectan los testimonios del padecimiento: “Imposible es viajar, no sabes cómo sufrimos, “necesitamos buses que nos lleven directo a IPS”, “Espero hace como media hora, ya pasaron cuatro micros y no nos alza, ya no voy a llegar a hora a mi trabajo”, “tengo que venir en dos colectivos y esto es imposible”, “viajás como sardina en el colectivo”. Estas reguladas afectan sobremanera a trabajadores y estudiantes, ya que se implementan en las hora pico para la entrada a los puestos laborales o el estudio y después afectan el regreso a los hogares.
Frente al mal servicio, humillaciones y maltrato, la población esta desprotegida puesto que el Gobierno nunca cuestiona ni controla la calidad del servicio, por eso los empresarios del transporte gozan de total impunidad.
Necesitamos con suma urgencia gobernantes que sean capaces de hacernos ingresar al siglo XXI con un moderno sistema de transporte y movilidad.
Debemos apostar al reemplazo de los vehículos particulares de uso diario, por buses, que además sean eléctricos y transporten a mayor cantidad de usuarios; elegir por ejemplo experiencias exitosas como el sistema denominado BTR, un sistema de autobús de tránsito rápido, combinado con metro, tranvías, sistema de trenes de cercanía y largas distancias y bicisendas.
Los paraguayos tienen derecho a vivir con dignidad y calidad de vida, y para eso, el transporte público es uno de los servicios esenciales.
