Subrayan esto, atendiendo a que estas tierras forman parte fundamental de la ejecución del proyecto Ecodistrito inclusivo, contemplado en el Plan Maestro y que busca urbanizar y revitalizar los lotes de 4 y 2 hectáreas por medio de un préstamo aprobado por el Banco Mundial de 105 millones de dólares. El intendente Óscar Nenecho Rodríguez desea subastar estas tierras por G. 28.000 millones como precio base.
Semejante operación “conllevaría una pérdida patrimonial y económica para la ciudadanía y la ciudad”, destaca el comunicado, presentado el martes pasado a la Junta Municipal junto con un material de 532 páginas en las que se incluyen observaciones y comentarios de los tres talleres y seminarios que se ofrecieron el pasado agosto por el Grupo Impulsor de Codeasu (Consejo de Desarrollo de Asunción).
La organización también se opone al uso del dinero proveniente de estas tierras en conceptos como “servicio de la deuda” y “gastos operativos”, cuestionados por concejales opositores y puestos a discusión en la última sesión de la Junta.
“Si ponés a la venta tu activo fijo para pagar deudas, es porque estás quebrado y estás fundido”, expresó el concejal Álvaro Grau (PPQ), respondiendo así a las declaraciones del intendente, quien había asegurado el miércoles pasado que ninguna institución puede estar en quiebra por los activos que posee. “Decir está en quiebra tal o cual institución o tal o cual municipio es imposible”, había expresado el jefe comunal.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppExclusividad de fondos. El arquitecto Gonzalo Garay, en contacto con Última Hora, aseguró que los fondos deben destinarse “exclusivamente al propio proyecto de la Franja Costera”. “Estas son tierras de dominio público. Son de dominio privado municipal, tienen ese estatus, pero eso es público. Eso no es de una organización privada. Es un bien público, entonces se tiene que obtener el mejor precio”, explicó, en consonancia con el comunicado de Codeasu, que afirma que la intención de venta de estas tierras “no resiste un mínimo análisis de eficiencia económica”.
En este sentido, la organización pide a la Municipalidad generar un proceso de consulta ciudadana con actores sociales, profesionales, culturales y empresariales “para elaborar una propuesta inteligente, que pueda obtener la legitimidad de la decisión”. Sectores ciudadanos, concejales opositores y arquitectos ya han manifestado sus dudas y objeciones ante este nuevo plan de la Comuna.
